El Gobierno dispuso una intervención extraordinaria a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en el marco del Decreto Supremo 5699, tras detectar deficiencias en sus tareas de regulación, fiscalización y control de la cadena hidrocarburífera. La medida, según explicó la viceministra de Hidrocarburos y Energías, Tatiana Genuzio, busca asegurar que la institución cumpla con las responsabilidades que le asigna la normativa vigente.
La autoridad sostuvo que una de las principales preocupaciones es la desconexión entre la ANH y YPFB, lo que habría impedido cruzar información de manera adecuada sobre importación, distribución y comercialización de combustibles. También señaló que se identificaron falencias vinculadas a la ausencia de sistemas automatizados y a un margen excesivo de discrecionalidad en el manejo de distintas áreas.
Genuzio indicó que la decisión fue tomada después de varios meses de seguimiento, reuniones e instrucciones que, de acuerdo con su versión, no fueron cumplidas por la ANH. En ese contexto, afirmó que la intervención responde a una medida extraordinaria adoptada por el Ejecutivo.
Como parte del proceso, se realizará una auditoría profunda a los sistemas informáticos y a los mecanismos de control de la entidad, además de una evaluación integral del personal para verificar si responde a los perfiles técnicos requeridos. La revisión también alcanzará la trazabilidad de la importación de combustibles y los sistemas utilizados para comprobar las certificaciones de calidad.
La viceministra aseguró que ya fueron identificados puntos estratégicos en los que no se habría efectuado el control correspondiente y adelantó que habrá cambios de personal en algunas distritales. Otro de los elementos que será sometido a revisión es el sistema B-Sisa, que, según dijo, actualmente opera solo al 20% de sus funciones.
El Gobierno pretende habilitar las herramientas principales de ese sistema para fortalecer el control sobre la venta de combustible en estaciones de servicio y, especialmente, sobre la frecuencia de carguío. Genuzio afirmó que un mejor uso del B-Sisa permitiría detectar posibles casos de acopio y desvío de combustible, al considerar que se trata de una herramienta útil si pudiera aprovecharse en su totalidad.
En relación con las responsabilidades por las irregularidades detectadas, la autoridad informó que ya se presentaron denuncias y que el Ministerio de Hidrocarburos continuará con los procedimientos correspondientes. Añadió que, cuando existan indicios de daño económico, será la Contraloría y el Ministerio Público los encargados de establecer responsabilidades y eventuales sanciones.
Sobre el abastecimiento, Genuzio aclaró que los resultados no serán inmediatos. Explicó que la comisión a cargo de la intervención tiene hasta 30 días para elaborar un plan de trabajo, mientras que la medida fue fijada por 180 días, con posibilidad de ampliarse por otros 90.
Además, el Ejecutivo busca abrir mayores espacios para la participación del sector privado en la importación de combustibles, con la perspectiva de que YPFB deje de concentrar progresivamente esa actividad. La viceministra cuestionó que los trámites para habilitar importadores sean demasiado extensos y anunció que se impulsarán herramientas para agilizar esos procesos.
