La desaparición de más de 33.000 cartuchos de munición militar encendió las alertas de las autoridades y dio lugar a una investigación para esclarecer cómo fueron sustraídos desde un recinto militar del municipio de Montero. El caso ya dejó como resultado la aprehensión de dos militares y la detención preventiva de uno de ellos por 120 días.
La magnitud de la pérdida y el tipo de armamento involucrado elevaron la preocupación en torno al hecho, que fue calificado como de alta gravedad. Según la información conocida hasta ahora, en las verificaciones realizadas se detectó que habrían sido utilizadas bolsas de cemento para simular el peso de los proyectiles y ocultar así la cantidad real de munición faltante.
El coronel retirado del Ejército, abogado y especialista en seguridad y defensa Jorge Santistevan consideró que el caso podría revelar la existencia de una estructura criminal que habría operado dentro del recinto militar. En su análisis, subrayó que no se trata de munición de uso común. “Cuando hablamos de munición, no estamos hablando de una munición para ir a caza y pesca. Esta es una munición de guerra”, afirmó.
Santistevan explicó que los cartuchos calibre 5,56 milímetros son utilizados en fusiles de uso militar y advirtió que una cantidad de esa dimensión podría terminar abasteciendo a organizaciones criminales. A su juicio, la sustracción de 33.000 cartuchos no debería interpretarse como un robo aislado, tanto por el volumen del material como por la capacidad económica que sería necesaria para adquirirlo en el mercado ilegal.
“Quienes usan en gran cantidad y quienes tienen poder económico para comprar semejante cantidad son las organizaciones de narcotraficantes y terroristas”, sostuvo, aunque aclaró que el destino final de la munición deberá ser establecido por las investigaciones en curso. También señaló que, de confirmarse que la munición estaba destinada a grupos criminales, el caso podría tener una dimensión regional.
El experto cuestionó además los controles internos dentro de los recintos militares y sostuvo que la desaparición de una cantidad tan grande de munición evidencia posibles fallas en la cadena de mando. En ese marco, consideró que deben ser revisados aspectos como las guardias, las inspecciones periódicas, la rotación del personal, el control de depósitos y la supervisión de los mandos superiores.
“Hay negligencia, hay complicidad y hay vulneración al cumplimiento de los reglamentos y las leyes militares”, afirmó. También planteó que la responsabilidad no necesariamente recaería solo en quienes habrían sustraído físicamente los cartuchos. “Los militares que han cometido el delito es un grupo que forma parte, algunos de ellos forman parte de la estructura criminal y otros son cómplices”, manifestó.
Estas apreciaciones forman parte del análisis del especialista y deberán ser contrastadas con los resultados de la investigación judicial, que deberá determinar quiénes participaron en la sustracción, de qué manera se ejecutó y cuál habría sido el destino de los cartuchos desaparecidos.
Mientras tanto, la investigación sigue su curso y uno de los militares implicados permanece con detención preventiva. Las autoridades deberán establecer además si hubo otras personas involucradas y qué controles fueron vulnerados para permitir que una cantidad tan elevada de munición saliera del recinto militar.
Santistevan insistió en que el caso debería llevar a una revisión profunda de los mecanismos de seguridad y control de los arsenales de las Fuerzas Armadas. “No pueden descuidar la seguridad de los cuarteles”, advirtió, al remarcar que la pérdida de munición de guerra representa un riesgo que trasciende al propio recinto militar.
Ahora, el Ministerio Público y las autoridades competentes deberán definir las responsabilidades penales y administrativas, además de esclarecer el destino de los más de 33.000 cartuchos reportados como desaparecidos.
