Un grupo de concejales opositores del municipio de La Paz inició la noche del martes una huelga de hambre en dependencias ediles como medida de respaldo a más de 60 trabajadores del Concejo Municipal que reclaman el pago de casi cuatro meses de salarios adeudados.
La protesta se instaló en medio de un nuevo episodio de tensión entre el Ejecutivo edil y la directiva del Concejo Municipal, presidida por Waldy Caballero, quien responsabiliza al alcalde César Dockweiler por el conflicto y exige el cumplimiento de un fallo constitucional que ordena registrar a los trabajadores en el Seguro Social y la Gestora Pública.
Caballero afirmó que la medida surge ante el incumplimiento de la autoridad municipal a una resolución que, según señaló, debía ejecutarse en un plazo de 48 horas. “Nos encontramos en las oficinas de Recursos Humanos lamentablemente por no cumplir el alcalde la resolución donde le indicaban que en 48 horas debería dar de alta a nuestros trabajadores, van a ser cuatro meses que no se les paga”, dijo.
El conflicto se arrastra desde la disputa entre el Ejecutivo edil y la directiva del Concejo, que no es reconocida por Dockweiler. El bloque opositor, integrado por ocho concejales, designó a Caballero como presidenta del Concejo, mientras que la bancada oficialista Innovación Humana sostiene que ese cargo y la secretaría corresponden a la fuerza política que ganó las elecciones.
La concejala Casimira Lema explicó que la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ordenó incorporar y dar curso a las altas de más de 60 funcionarios de libre nombramiento y confianza de los concejales. Según indicó, la instrucción fue emitida el 12 de agosto y debía cumplirse en 48 horas. “Hoy, 27 días después, el Ejecutivo Municipal sigue sin acatarla”, reclamó.
Antes de llegar a la huelga de hambre, el martes los concejales sostuvieron una reunión con personeros ediles, aunque el diálogo no logró avanzar. Lema señaló que se agotaron las vías de conversación y advirtió que, si persiste el desconocimiento de la orden judicial, asumirán medidas más contundentes. “Aquí ya no se trata solamente de funcionarios: se trata del respeto a la institucionalidad, a la separación de poderes y al Estado de derecho. La Justicia se cumple”, manifestó.
Hasta el momento, se espera un pronunciamiento del alcalde Dockweiler o de otros colaboradores del Ejecutivo municipal sobre la situación.
