El Gobierno del presidente Rodrigo Paz presentó este martes una nueva Política Antidroga para Bolivia, respaldada con una financiación de 492 millones de dólares, en un contexto marcado por el incremento de los cultivos de coca registrado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para 2025.
La estrategia fue dada a conocer junto al Informe de Monitoreo de Cultivos de Coca 2025, elaborado por la Unodc, que advierte que la superficie cultivada pasó de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025, lo que representa un aumento del 7 %. Ante ese escenario, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, calificó las cifras como “realmente preocupantes” y sostuvo que resulta “urgente” recuperar la capacidad de intervención institucional para alcanzar resultados sostenidos.
La Política Antidroga 2026-2030 se estructura sobre tres grandes ejes: seguridad ciudadana, salud pública y desarrollo integral. Según explicó el Ejecutivo, el enfoque combina acciones dirigidas a reducir tanto la oferta como la demanda de drogas, con el objetivo de enfrentar el fenómeno desde distintas dimensiones.
Durante la presentación del plan, Oviedo afirmó que el Gobierno buscará reducir de manera progresiva los cultivos de coca excedentarios e ilegales hasta los límites fijados por la ley, diferenciándolos de la producción legal y de los usos tradicionales de la hoja. En materia de reducción de la oferta, la estrategia pondrá el acento en una “interdicción estratégica y territorializada”, apoyada en las operaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).
A esas acciones se sumarán mecanismos de inteligencia financiera, investigaciones patrimoniales, recuperación de activos y un mayor control sobre los precursores químicos, de acuerdo con lo expuesto por el ministro. En paralelo, la reducción de la demanda será abordada desde un enfoque de salud pública, con programas de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración social dirigidos especialmente a niños, adolescentes y otras poblaciones vulnerables.
El plan prevé una inversión de 492 millones de dólares para los próximos cinco años. De ese total, el 56,3 % provendrá de la cooperación internacional, mientras que el resto será financiado por el Estado boliviano. Oviedo remarcó además que la política se ejecutará bajo los principios de “soberanía” y “no injerencia”, con una cooperación externa orientada a fortalecer las capacidades nacionales.
En el acto, el representante de la Unión Europea en Bolivia, Jaume Segura, destacó que la estrategia incorpore seguridad, salud y desarrollo, y expresó la disposición del bloque europeo para acompañar al país en la lucha contra las redes criminales.
La nueva política constituye la primera estrategia antidroga presentada por un gobierno boliviano ajeno al Movimiento al Socialismo (MAS), fuerza que gobernó el país durante casi dos décadas, primero con Evo Morales y luego con Luis Arce. Desde la llegada de Paz al poder, en noviembre de 2025, Bolivia ha buscado reforzar su cooperación internacional y establecer nuevos mecanismos de coordinación regional frente al crimen organizado y el narcotráfico.