Un nuevo choque entre magistrados de la Corte Suprema de Brasil volvió a sacudir este martes el escenario político del país, a menos de un mes de las elecciones presidenciales. En medio de una crisis inédita en el máximo tribunal, un juez ordenó la suspensión preventiva del director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, en un episodio que profundiza las tensiones internas y arrastra de lleno la disputa electoral de octubre.
La controversia se desató a partir de una investigación sobre un amplio esquema de fraude y tomó mayor dimensión la semana pasada, cuando se difundió un informe policial que expuso mensajes del banquero Daniel Vorcaro a un número atribuido al juez Alexandre de Moraes. En esos intercambios, Vorcaro pedía ayuda para eludir una pesquisa que más tarde derivó en su arresto, en noviembre, por sospechas de un desfalco financiero multimillonario vinculado a su banco Master, luego quebrado.
La publicación de esos mensajes se produjo por orden de otro integrante de la Corte, André Mendonça, quien está a cargo del caso Master. A partir de informes de inteligencia policial, Moraes acusó a su colega de “abuso de autoridad” y de favorecer a “determinados grupos políticos”, al señalarlo directamente en la investigación.
Mendonça reaccionó este martes con una decisión de alto impacto institucional: sostuvo que la Policía Federal lo habría espiado de manera ilegal y dispuso la suspensión preventiva de Rodrigues. En el texto de su resolución, al que accedió la AFP, calificó de “gravísima” la vigilancia de la que dijo haber sido objeto y la comparó con la distopía “1984”, de George Orwell.
El magistrado afirmó además que los informes policiales eran anónimos, carecían de rigor técnico y contenían especulaciones sobre la vida política y personal de jueces y funcionarios. La medida, sin embargo, generó una rápida reacción de la Procuraduría General de la Unión, que presentó un recurso ante la presidencia de la Corte para intentar revertir la suspensión.
La AGU advirtió que la salida “abrupta” del jefe policial “compromete el funcionamiento de las actividades de policía judicial y genera riesgo de desorganización institucional”. El presidente del tribunal, Edson Fachin, le dio tres días a Mendonça para pronunciarse sobre el pedido.
Desde el entorno de Lula, la decisión también fue leída en clave política. “No podemos permitir que las funciones públicas vuelvan a ser capturadas por intereses políticos y electorales”, dijo a la AFP Marco Aurélio de Carvalho, coordinador jurídico de la campaña del mandatario.
El enfrentamiento entre magistrados se produce en un contexto especialmente sensible. Moraes fue el juez que encabezó el proceso que en 2025 llevó a prisión al expresidente Jair Bolsonaro, padre de Flávio Bolsonaro, por el intento de golpe de Estado de 2022. Mendonça, en cambio, fue nombrado en la Corte por el exmandatario ultraderechista.
Flávio Bolsonaro respaldó públicamente la decisión de Mendonça y aprovechó la ocasión para atacar al gobierno. “Grupo especial de Lula en la Policía Federal desenmascarado oficialmente”, escribió en X. En el mismo mensaje añadió que la “gloriosa Policía Federal” debía volver a tener autonomía para perseguir delincuentes y no a adversarios políticos del presidente.
La campaña del candidato derechista, además, quedó alcanzada por las revelaciones en torno al caso Master. La Policía investiga transferencias millonarias solicitadas por Flávio Bolsonaro a Vorcaro que, según el propio aspirante, estaban destinadas a financiar una película biográfica sobre su padre. No obstante, una fuente de la Corte explicó a la AFP que también se analiza si esos recursos habrían sido usados en realidad para apoyar a otro hijo de Bolsonaro, Eduardo, radicado en Estados Unidos y con una condena en Brasil por coacción en el proceso contra su padre.
Mientras tanto, la Policía Federal expresó a través de su director general interino, William Murad, su “total confianza” en Rodrigues. A ello se sumó una señal de malestar interno: once jefes de divisiones pusieron sus cargos a disposición y cuestionaron en una carta las “narrativas marcadamente influenciadas por intereses político-electorales” que llevaron a la suspensión del director.
