El vocero presidencial, José Luis Gálvez, respondió este domingo a la ola de anuncios de movilizaciones surgida tras la eliminación de la subvención al diésel y volvió a convocar al diálogo a los sectores que se declararon en emergencia. En medio de las primeras reacciones al decreto que fijó el nuevo precio del combustible, el portavoz insistió en que la salida a la conflictividad debe construirse a través de conversaciones y propuestas, tanto en Santa Cruz como en el resto del país.
Gálvez destacó que autoridades del Gobierno nacional y de Santa Cruz ya comenzaron a reunirse con algunos sectores de transportistas de esa región y sostuvo que esa es la vía que deben asumir los bolivianos para encaminar soluciones. Afirmó que se están atendiendo “absolutamente todos los temas planteados” y remarcó que, si las partes se sientan a conversar, será posible encontrar respuestas. En ese marco, señaló que quienes se niegan a dialogar estarían tomando una decisión política.
El funcionario también acusó a los sectores que rechazan la medida de mentir al pueblo al presentar la eliminación de la subvención como un deseo del Gobierno. Según dijo, se trata de una realidad económica que ya no puede sostenerse indefinidamente, aludiendo al costo de “comprar caro y vender barato”. En esa línea, recordó que el anterior gobierno habría agotado los 15 mil millones de dólares que existían en reservas para mantener el subsidio a los carburantes.
A criterio de Gálvez, el Ejecutivo no debe responder a los anuncios de movilización con confrontación, sino con diálogo. Pidió no castigar a la población ni mezclar demandas sociales legítimas con intencionalidades políticas que, según advirtió, podrían llevar a repetir los 53 días de paro registrados en mayo y junio. También afirmó que, después de ese conflicto, nadie quiere volver a respaldar un esquema político que, en su criterio, busca romper el orden constitucional y afecta a la población con desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas.
Las declaraciones del vocero se produjeron luego de que la noche del viernes 18 de septiembre el presidente Rodrigo Paz anunciara la eliminación de la subvención del diésel. Mediante el Decreto Supremo 5716 se estableció el precio del litro de ese combustible en Bs 17,95, una determinación que generó una inmediata cadena de reacciones en distintos sectores.
Desde entonces, varios rubros se declararon en emergencia y convocaron a reuniones o ampliados para definir medidas. En paralelo, algunos servicios de transporte incrementaron de forma inmediata sus tarifas, como ocurrió con buses interdepartamentales y micros de ciertas ciudades que funcionan con diésel. La medida también impactó en la cadena de precios: los avicultores anunciaron que subirán el costo del pollo y en los mercados ya se evidenció un incremento en algunos alimentos.
A esa lista de reacciones se sumaron sectores como las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, bastión del expresidente Evo Morales, que anunciaron movilizaciones desde el lunes en demanda de la abrogación del decreto conocido como “dieselazo”. Frente a ese escenario, Gálvez aseguró que las decisiones políticas que provengan del Chapare o de cualquier otro lugar buscan seguir castigando al pueblo boliviano y advirtió que la respuesta será firme, en un contexto en el que sigue vigente el estado de excepción en el país.
El vocero defendió además la decisión de elevar el precio del diésel como un acto de “honestidad y sinceridad” y sostuvo que el problema no es exclusivo de Bolivia. Mencionó que también afecta a países como Brasil, Argentina, Uruguay y Perú, y pidió mirar lo que ocurre en otras partes del mundo, citando a España, Francia y Tailandia como ejemplos de una dificultad de alcance internacional.
