El campesinado de Tarija rechazó de manera total el decreto que deja sin efecto la subvención al precio del diésel y, en respuesta, exigió al Gobierno la emisión de una norma que declare la emergencia alimentaria en Bolivia.
La postura fue confirmada por el dirigente principal del sector, Herber Quispe Jurado, quien calificó de lapidaria la decisión de suspender la subvención, al considerar que golpea a todos los sectores productivos, especialmente a quienes trabajan cada día para llevar el sustento a sus hogares.
Quispe sostuvo que el Gobierno debe actuar mediante decreto para declarar la emergencia alimentaria, de modo que pueda responder de forma inmediata a las necesidades del campo. Aclaró que los campesinos no piden regalos, sino condiciones y facilidades para producir.
Entre sus planteamientos también mencionó la reprogramación real de créditos, y no solo anuncios, debido a que acceder a un préstamo bancario, según dijo, se convierte en una tarea casi imposible para los productores, que terminan agotados en ese intento.
El sector demanda además que se garantice la provisión de diésel para el agro, con entrega inmediata hasta las comunidades, así como la instalación de bancos de insumos agropecuarios con precios justos y control en su comercialización.
Respecto al arancel cero para la importación de insumos agropecuarios, el dirigente afirmó que la medida solo favoreció a los grandes empresarios y no a la población más humilde, mientras los precios de los fertilizantes continúan en ascenso con un fuerte impacto en los productores.
Quispe también cuestionó al Gobierno por limitarse a anunciar medidas sin concretarlas y pidió que, si realmente busca diálogo, baje a las regiones y no firme acuerdos que luego no se cumplen. En ese marco, advirtió que el sector se encuentra en emergencia y no descarta asumir acciones de protesta.
El dirigente explicó que el diésel es fundamental para arar, preparar la tierra para la siembra, cosechar y transportar la producción hacia las ciudades. Por ello, se preguntó cuánto terminarán costando ahora los alimentos en el mercado.
A su juicio, el problema tendrá consecuencias en cadena y en tres o cuatro meses podría desencadenarse una crisis total. Por eso, insistió en que la situación debe ser analizada de manera conjunta por todos los sectores.
