Los municipios bolivianos, agrupados en la Federación de Asociaciones de Municipios de Bolivia (FAM), alistan un nuevo pedido de apoyo económico al Gobierno para cubrir el desfase generado por el reciente incremento en el costo del diésel. La advertencia fue hecha por el presidente de esa entidad, Johnny Torres Terzo, quien anticipó que el monto extraordinario que se requerirá podría ser considerable, debido al impacto que la medida tendrá en más de 300 municipios del país.
Torres explicó que la FAM trabaja en la formulación de un adicional y que este miércoles sostendrán una reunión en Santa Cruz para evaluar la nueva situación financiera que atraviesan los gobiernos municipales. El también alcalde de Tarija recordó que hace apenas un par de semanas consiguieron un primer refuerzo presupuestario que, en principio, permitía cubrir las necesidades hasta fin de año. Sin embargo, la decisión de dejar sin subvención el precio del diésel alteró por completo ese escenario.
“De nuevo tengo que ir a pelear un adicional, y ya se le ha dicho que las alcaldías no van a poder funcionar con un desfase de este tamaño”, señaló la autoridad, al remarcar que el problema económico es mucho mayor del previsto. En su criterio, el impacto ya no puede ser absorbido con ajustes internos porque los gobiernos municipales no cuentan con recursos disponibles para cubrir semejante diferencia.
En el caso de Tarija, Torres detalló que el municipio consume alrededor de 60 mil litros de diésel al mes. Con una diferencia de 9 bolivianos por litro, el desfase bordea los 600 mil bolivianos en los tres meses que restan para concluir el año, lo que elevaría la cifra a cerca de 1,8 millones de bolivianos, es decir, casi 2 millones. A su juicio, ese monto resulta imposible de cubrir con las partidas actuales.
“En este momento para Tarija estos 2 millones es insuperable, no puede sacar de una partida y colocarla, porque no tiene los recursos económicos de dónde sacar, ahora ya no hay ningún monto”, afirmó. A partir de esa realidad, la FAM pidió a las asociaciones municipales de todo el país que remitan un inventario del consumo de diésel por municipio, con el fin de dimensionar el alcance del problema y sustentar el nuevo pedido de recursos.
Torres estimó que, si Tarija —que representa el 4% de la población— enfrenta un desfase de casi 2 millones de bolivianos, el conjunto de los municipios tarijeños podría requerir entre 5 y 6 millones solo para cubrir la diferencia en el combustible. Con ese cálculo, planteó que el monto global para el resto del país sería mucho mayor, tomando en cuenta que el 94 o 95% de la población se distribuye en otros municipios.
La autoridad también informó que, ante la escasez de recursos, se paralizó parte del equipo y la maquinaria municipal para priorizar el uso de diésel en el recojo de basura, por razones de seguridad. Advirtió además que, si no se logra un nuevo adicional, los fondos para la compra de combustible podrían agotarse a mediados de noviembre.
En paralelo, el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana se reunió de manera extraordinaria para abordar la crisis derivada del alza del diésel. En ese encuentro se conformaron tres comisiones. Una de ellas tendrá la tarea de estudiar una nueva tarifa para el transporte público que utiliza diésel. Otra se encargará de controlar los precios de los alimentos en los mercados para evitar la especulación y los incrementos injustificados. La tercera buscará consensos y acuerdos para prevenir conflictos que podrían agravar aún más la situación.
