El levantamiento de la subvención al diésel en Bolivia comenzó a sentirse con fuerza en distintos sectores y encendió las alertas por el posible encarecimiento de alimentos, transporte y otros servicios básicos, en un escenario en el que las familias ya ven reducido el alcance de sus ingresos desde hace meses.
La medida adoptada por el Gobierno nacional, conocida como el “dieselazo”, elevó el precio del carburante de Bs 9,80 a Bs 17,95 por litro y abrió un nuevo frente de preocupación entre instituciones, organizaciones vecinales y autoridades locales, que advierten sobre un incremento en cadena de costos que podría traducirse en mayor presión sobre la economía de los hogares y en un golpe al poder adquisitivo de la moneda boliviana.
En Tarija, la reacción institucional no se hizo esperar. El Gobierno Municipal, junto con otras entidades, puso en marcha tres comisiones de control para frenar el agio y la especulación en los centros de abasto, además de verificar el cobro de pasajes en el transporte público, especialmente en el servicio de taxis. La medida busca contener posibles abusos en un momento en que, según los sectores sociales, cualquier alza impacta directamente en la economía familiar.
El alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, explicó que en estos operativos participan la Policía Boliviana, la Fiscalía Departamental, la Dirección de Movilidad Urbana, la Guardia Municipal, la Intendencia y la Dirección de Mercados, entre otras instituciones. La autoridad pidió a la población y a los comerciantes evitar conductas que puedan ser sancionadas por ley. “Recomendamos a todas las personas que no cometan el delito de agio y especulación. No vayamos a ese tipo de figuras que están penadas por ley; tratemos de sobrellevar este momento tan difícil para el país”, señaló.
Torres también aclaró que, por ahora, las tarifas del transporte público se mantienen sin cambios. Recordó que el sector planteó un pasaje de Bs 4,50 por persona, pero precisó que esa propuesta aún no ha sido definida, a la espera de los resultados del estudio de costos. En ese contexto, pidió a la ciudadanía colaborar con el control y presentar denuncias cuando detecte cobros indebidos. “Les estamos pidiendo a la ciudadanía que saque una foto a la placa y ponga la denuncia. Nosotros vamos a regularizar esa situación y vamos a sancionar”, afirmó.
Además, anunció que se habilitarán líneas para recibir denuncias por cobros excesivos en el transporte o por el incremento injustificado de productos básicos. Entre esos canales figura el número 69335263, que servirá para canalizar reportes de la población.
La oficina regional de Defensa del Usuario y Consumidor en Tarija también se sumará a los operativos. Su responsable, Margaret Katia Arana, exhortó a la población a no alimentar prácticas de agio y especulación y pidió reportar cualquier caso de escasez o incremento irregular en mercados y tiendas de barrio. “Hay productos en los mercados y, si de pronto ves escasez de algún producto, hagan la denuncia para que nosotros podamos intervenir, ya sea en los mercados o tiendas de barrio”, indicó.
Arana reconoció que algunos productos ya registran alzas, entre ellos el fideo y el aceite, aunque aclaró que las verduras no han sufrido incrementos. También detalló que el trabajo de control incluirá a la Fiscalía, la Intendencia y su propia oficina, con verificaciones y sanciones en caso de reincidencia. “Ahora intervendrá la Fiscalía, la Intendencia hará las clausuras y emitirá las multas, mi persona hará las verificaciones y, en caso de reincidencia, también multaremos y pasaremos el caso al Ministerio Público”, advirtió.
Desde la Federación Departamental de Juntas Vecinales, Ronald Garnica respaldó la decisión de las autoridades y llamó a la población a denunciar cobros irregulares en el transporte y especulación en los mercados. Insistió en que las denuncias pueden presentarse incluso a través de los presidentes de barrio y remarcó la necesidad de contar con pruebas para respaldar los reclamos. “Lo más importante es que hagan las denuncias, con pruebas, para que podamos sentar un precedente”, dijo, al destacar la organización ciudadana como una herramienta para evitar un mayor impacto en la economía familiar.
En paralelo, los vendedores minoristas rechazaron que exista especulación en los mercados municipales. Hugo Maraz, ejecutivo de la Federación de Mercados Municipales, admitió que algunos productos
