El presidente de las Juntas Escolares de Tarija, Franklin Arancibia, expresó su rechazo a la continuidad del paro del transporte público y pidió al Gobierno Municipal que convoque a todos los sectores a la reunión prevista para este viernes, antes de definir una nueva tarifa para el servicio. A su criterio, aún no se habría presentado una hoja de costos que permita sustentar técnicamente el monto del pasaje.
Arancibia recordó que las juntas escolares no formaron parte de las reuniones anteriores entre el sector del transporte y la Alcaldía, por lo que demandó que su organización, junto con otros actores sociales, sea incluida en la próxima convocatoria. En ese marco, hizo un llamado público al Gobierno Municipal y al alcalde Johnny Torres para que la discusión no se limite a unos pocos sectores.
“De manera pública, hacemos la solicitud al Gobierno Municipal, al alcalde, en este caso doctor Johnny Torres, que convoque a todos los sectores para que puedan representar y puedan verter su criterio y su opinión en esa reunión que se va a establecer el día viernes”, manifestó.
El dirigente también observó que Tarija continúe con una tarifa provisional y que ahora se plantee fijar nuevamente un monto transitorio, cuando, en su criterio, primero debería existir un estudio de costos. Cuestionó además la ausencia de una base técnica que respalde la decisión sobre el pasaje.
“Pero la ley, ¿dónde está la ley? Tiene que haber un estudio de la hoja de costo. ¿Se lo ha realizado?”, cuestionó.
Según Arancibia, ni el Gobierno Municipal, ni la Federación de Juntas Vecinales (Fedjuve), ni el sector del transporte habrían presentado hasta ahora un estudio de costos que permita establecer el pasaje definitivo. Por ello, sostuvo que cualquier nueva tarifa debe surgir de un proceso de análisis y consenso entre los sectores involucrados.
Sobre la propuesta del transporte de fijar una tarifa transitoria de Bs 4,50, señaló que el sector está en su derecho de plantearla, aunque remarcó que también debe conocerse la postura de las demás organizaciones. A su juicio, la discusión no puede quedar reducida a una sola posición.
“Ellos están en su derecho de solicitar. Esa es su postura de ellos. Está en su pleno derecho. Pero ahora hay que conocer la postura de todos los sectores y de todas las organizaciones”, afirmó.
Arancibia reconoció que el incremento del precio del combustible afecta al transporte y consideró que la situación económica del sector debe ser tomada en cuenta. Sin embargo, insistió en que también debe valorarse la realidad de las familias y, especialmente, de la población que depende de sus ingresos diarios para movilizarse y sostener sus actividades.
“Hay que ser empático, tanto con el transporte, porque también es pueblo. Y el transporte también tiene que ser empático con el pueblo”, sostuvo.
El presidente de las Juntas Escolares también cuestionó el impacto del paro en la población estudiantil y en quienes necesitan trasladarse para trabajar. Señaló que la medida de presión termina afectando directamente a quienes dependen del servicio de transporte público para cumplir con sus actividades cotidianas.
Calificó como “paradójico” que el sector del transporte argumente que las familias están perdiendo ingresos por el incremento de los costos, mientras mantiene paralizado el servicio. En su criterio, la suspensión de actividades perjudica a la población de manera directa.
“Se dan el lujo de parar, se dan el lujo de no trabajar. Y para mí es un atentado a la población”, afirmó.
El dirigente puso especial énfasis en las dificultades que enfrentan los estudiantes para llegar a sus unidades educativas. Explicó que hay alumnos que deben utilizar hasta tres líneas de transporte para llegar a sus establecimientos, por lo que la suspensión del servicio complica todavía más su asistencia a clases.
“Lastimosamente hay estudiantes. ¿Cómo llegan a la unidad educativa? Utilizaban tres micros, tres líneas para llegar a una unidad educativa. Ahora, ¿en qué estamos?”, cuestionó.
Frente a este panorama, Arancibia insistió en que la reunión convocada para este viernes debe abrirse a las distintas organizaciones y sectores, con el fin de escuchar sus posiciones antes de asumir una determinación sobre la tarifa del transporte público. Para las juntas escolares, el debate no debería enfocarse solo en el monto pedido por los transportistas, sino en alcanzar un acuerdo que considere tanto los costos del servicio como la capacidad de pago de la población.
