La Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO) salió al paso de las declaraciones del gobernador Edgar Sánchez Aguirre y le exigió rectificar sus afirmaciones sobre una supuesta complicidad de la entidad con la minería ilegal en el sector de La Joya. La dirigencia advirtió que, si no existe una corrección pública, evaluará iniciar acciones legales para resguardar la imagen institucional.
El asesor jurídico de la FEPO, Jaime Cuéllar, cuestionó el contenido de las declaraciones del gobernador y las calificó de infundadas. Según explicó, la organización espera una rectificación que puede hacerse de manera escrita o mediante una conferencia de prensa. De no producirse ese desagravio, indicó que se analizarán las medidas legales que correspondan.
En la misma línea, la presidenta de la FEPO, Jill Peñafiel, rechazó que la federación sea vinculada con actividades irregulares sin respaldo probatorio. Recordó que la institución agrupa a organizaciones empresariales y representa los intereses de sus afiliados, por lo que no puede ser señalada como cómplice sin evidencias. También afirmó que la FEPO ha participado en acciones contra la minería ilegal, entre ellas una acción popular relacionada con el cerro San Felipe.
La controversia surgió luego de que Sánchez señalara en días anteriores que EMCOISA era la única empresa legalmente establecida en La Joya y calificara a la FEPO como cómplice de otras operaciones. En sus declaraciones, además, sostuvo que la minería ilegal afecta al medio ambiente, pone en riesgo a la población y no genera recursos para el departamento.
Peñafiel también se refirió a la Asociación Aurífera de Emprendedores, que opera en La Joya y que, según dijo, está vinculada a la FEPO tras presentar su personería jurídica. En ese marco, defendió la necesidad de respaldar a esa organización, aunque aclaró que la federación no es la instancia encargada de verificar los requisitos técnicos y administrativos específicos para desarrollar actividades mineras.
Desde la dirigencia se insistió en que la determinación sobre qué operaciones cumplen o no con la normativa corresponde a las instituciones competentes. Cuéllar mencionó a la Gobernación, a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y a otras instancias del sector como responsables de realizar las verificaciones e investigaciones pertinentes.
Pese al cruce de acusaciones, la FEPO reiteró su disposición a colaborar en las investigaciones y en las acciones contra la minería ilegal. Sin embargo, remarcó que cualquier señalamiento debe estar respaldado por documentación y pruebas antes de ser aceptado como válido.
