El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó ayer que las mafias se asentaron durante años en Santa Cruz y que incluso contaron con protección desde la Fiscalía. Con esa advertencia, presentó un balance sobre la situación de inseguridad y anunció que trabajará desde esa región junto con entidades públicas y civiles del departamento para enfrentar a estas estructuras.
Sus declaraciones se dieron pocas horas antes de un nuevo episodio de violencia en la capital cruceña. Ayer, una persona fue asesinada “por encargo” y otra resultó herida durante un asalto, en un contexto que el ministro describió como más grave de lo que reflejan los hechos que llegan a la opinión pública. Según dijo, la magnitud de la criminalidad es mucho mayor de la que se conoce y la cantidad de reportes policiales es “impresionante”. Añadió que solo durante el fin de semana se esclarecieron entre cuatro y cinco casos en Santa Cruz y sostuvo que muchos delitos ya no aparecen en la prensa por el volumen de hechos que se registran.
Entre los casos resueltos mencionó el secuestro de una veterinaria en Montero, al que consideró una muestra de la estructura criminal que opera en la región. En ese marco, insistió en que no se trata de hechos aislados ni de grupos improvisados, sino de organizaciones con una lógica más amplia.
La preocupación por la inseguridad ya venía creciendo por la ola de sicariatos en Santa Cruz de la Sierra y en parte de la Chiquitania, pero se intensificó tras el violento asalto del domingo a una joyería y el asesinato a tiros de un hombre señalado como expiloto del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, ocurrido cerca del zoológico. Oviedo sostuvo que, tras la captura de Marset y su posterior expulsión a Estados Unidos, la estructura narcodelictiva derivó en sicariatos, secuestros y asaltos en Santa Cruz.
El ministro vinculó esa expansión con el PCC y el Comando Vermelho, organizaciones brasileñas que disputan rutas del narcotráfico en el país y que fueron declaradas “terroristas” por Estados Unidos. Aseguró incluso que Santa Cruz está “toda ocupada por los criminales de estas organizaciones”. Recordó además que dos cabecillas del PCC capturados estaban radicados en la ciudad y que convivían con ciudadanos cruceños, en espacios cotidianos como los gimnasios.
Oviedo atribuyó esa presencia a la protección del anterior gobierno y a la corrupción en la Fiscalía. Señaló que los delincuentes se apropiaron de un organismo estatal tan importante como el Ministerio Público. En paralelo, el exfiscal general Róger Mariaca permanece detenido preventivamente desde el 5 de octubre en Cantumarca, Potosí, por presuntos vínculos con el narcotráfico y protección a Marset. También está preso el exfiscal departamental Alberto Zeballos. El fiscal general interino, José Armando Urioste, confirmó la suplencia de Mabel Sandra Andrade en Santa Cruz y ordenó revisar oficinas y sistemas ante posibles filtraciones.
En ese mismo contexto, ayer los fiscales de Santa Cruz fueron removidos “por la salud institucional” y serán reemplazados por profesionales que habían sido asignados a las provincias. La medida se adoptó en medio de ajustes a escala nacional. En La Paz, además, fue detenido el coordinador de fiscales, Armando Rojas.
Las declaraciones del ministro coincidieron con un llamado del presidente Rodrigo Paz a sumar apoyo militar en la lucha contra el crimen organizado. Durante el aniversario de la Escuela Naval de Cochabamba, sostuvo que las Fuerzas Armadas deben formar parte de la construcción de la seguridad para “salvar a la patria del crimen organizado”.
