El diputado nacional Carlos Alarcón Mondonio pidió al gobierno nacional impulsar un Juicio de Responsabilidades contra Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera, a quienes responsabiliza por lo que calificó como una “estafa histórica a Bolivia” y por un daño económico estimado en 90 mil millones de dólares.
El legislador afirmó que el Ejecutivo cuenta con toda la información y la documentación necesaria sobre la anterior gestión gubernamental, por lo que, a su juicio, ya no debería postergarse una decisión de esta naturaleza. En declaraciones realizadas durante su visita a Tarija, donde también se reunió con el alcalde Johnny Torres Terzo, sostuvo que el país arrastra las consecuencias de una administración que, en su criterio, comprometió recursos públicos sin generar resultados sostenibles.
Alarcón explicó que, según sus cálculos, en 20 años se manejaron aproximadamente 90 mil millones de dólares, de los cuales 60 mil millones provinieron de la venta y exportación de gas natural, 20 mil millones del incremento de las Reservas Internacionales y 13 mil millones de la deuda externa. A partir de esa cifra global, planteó que si apenas el 10%, equivalente a 9 mil millones de dólares, hubiera sido destinado a la exploración de nuevos campos de gas y petróleo, Bolivia no estaría atravesando la situación económica actual.
En esa línea, cuestionó que esos recursos, en lugar de orientarse a inversiones estratégicas, habrían sido utilizados en empresas deficitarias, elefantes blancos, museos y canchitas. Aseguró además que la información está en poder del gobierno en distintos ministerios, por lo que consideró urgente que se tomen los datos más relevantes y se avance con una acusación formal.
El diputado sostuvo que el gobierno debería presentar la proposición acusatoria con un solo delito: daño económico gigantesco al Estado. Según su planteamiento, esa denuncia tendría que ser remitida a la Fiscalía y aprobada por la Asamblea Legislativa. También señaló que, en su criterio, este caso y el del hotel Las Américas son los más relevantes para abrir Juicio de Responsabilidades contra las exautoridades mencionadas.
Alarcón advirtió que no considera conveniente que la denuncia sea impulsada por la Asamblea, porque existiría el riesgo de que actúe como “juez y parte”. Por ello insistió en que el Ejecutivo, al contar con pruebas y una voluminosa documentación, podría desarrollar un trabajo “serio, rápido y contundente” para concretar el proceso.
El parlamentario remarcó que no existe riesgo de que el caso se diluya, ya que, de acuerdo con la Constitución, el daño económico al Estado es imprescriptible. Sin embargo, advirtió que el gobierno debería actuar cuanto antes, aunque reconoció que otra instancia también podría hacerlo, aunque con mayor lentitud.
Asimismo, Alarcón planteó la necesidad de una reforma parcial de la Constitución de 17 artículos con el fin de atraer inversiones. A su juicio, si esa modificación no se concreta, el país estaría a las puertas de un “gigantesco colapso energético”, debido a que las inversiones no llegarían sin ese ajuste normativo.
En cuanto al caso del hotel Las Américas, explicó que para avanzar en un Juicio de Responsabilidades contra los exmandatarios es necesaria una adecuación de la ley al sistema interamericano de derechos humanos, especialmente a la Convención Interamericana de Costa Rica. Sostuvo que en materia penal debe garantizarse la doble instancia para el control de una sentencia desfavorable y que existe un proyecto de ley que la Asamblea Nacional debería acelerar para completar esa adecuación.
Añadió que, al tratarse de una norma favorable al imputado, podría aplicarse retroactivamente desde el punto de vista constitucional, mientras el proceso seguiría avanzando a partir de la denuncia correspondiente. Para Alarcón, el caso amerita no solo un juicio, sino también acciones contra las exautoridades citadas.
