El diputado José Luis Porcel Marquina advirtió que la eliminación de subvenciones en el precio de los carburantes y la energía, dispuesta por el Gobierno mediante distintos decretos, forma parte de una reforma estructural del Estado que tendrá efectos severos sobre la economía en general.
En relación con el decreto 5750, explicó que el nuevo costo de la electricidad se calculará en función del tipo de cambio oficial del dólar, por lo que —según dijo— nadie puede asegurar que la cotización se mantenga en 12,5 bolivianos por unidad. A su juicio, ese valor tenderá a subir con el tiempo, al igual que la inflación, lo que terminará repercutiendo en el mediano y largo plazo.
Porcel admitió que, de acuerdo con lo señalado por el propio Gobierno, en lo inmediato no se prevén incrementos, por lo que es posible que la situación se mantenga sin cambios hasta diciembre. Sin embargo, no descartó que a partir de enero puedan registrarse nuevas subas tanto en la energía como en otros servicios vinculados a este esquema.
También señaló que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) podría encarecerse debido a los acuerdos que el Gobierno asumió con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y no por decisión de la Asamblea Nacional, aunque esta instancia sí aprobó el préstamo de ese organismo. Según indicó, ese entendimiento contempla la eliminación de toda clase de subvención.
El legislador consideró que el GLP será uno de los puntos más sensibles de la medida, por tratarse de un producto de fuerte impacto en la economía popular. Anticipó además que esta situación será debatida en la Asamblea Nacional cuando se trate el Presupuesto General del Estado 2027 en los próximos días.
Respecto a la electricidad, insistió en que por ahora no habrá un incremento inmediato, aunque advirtió que, en la medida en que cambie el tipo de cambio del dólar y continúe la inflación, también aumentará el costo del servicio. Añadió que el Gobierno sostiene que los ajustes no serán bruscos, sino graduales, pero afirmó que aun así se traducirán en alzas sucesivas. Puso como ejemplo que un pago de 40 bolivianos podría pasar a 45 y luego a 50, lo que, dijo, resulta significativo incluso para la población de menos recursos.
En el apunte final, Porcel afirmó que todas las operadoras y distribuidoras de electricidad deben adecuarse al decreto 5750. Recordó que en Tarija se había elaborado un estudio tarifario que iba a entrar en vigencia desde noviembre, pero que la nueva disposición dejó prácticamente sin efecto ese proceso. Sostuvo que ahora todos deberán ajustarse al nuevo sistema de cálculo del costo de la energía eléctrica ya vigente y que, si el tipo de cambio actual se mantiene hasta fin de año, el impacto no será tan fuerte; pero si comienza a subir, también lo harán los costos.
