La Federación de Asociaciones de Municipios de Bolivia (FAM) comenzó a analizar el decreto 5750 y pidió a las alcaldías actuar con cautela mientras concluye la evaluación de sus alcances e implicancias. Así lo confirmó su presidente, Johnny Torres Terzo, quien señaló que todavía no existe una posición oficial de los municipios sobre la medida gubernamental.
Torres explicó que la recomendación trasladada a las nueve asociaciones de municipios es mantener prudencia, aunque remarcó que el decreto debe ser revisado con detalle para comprender con precisión qué efectos tendrá sobre la gestión municipal y, en particular, sobre los servicios básicos que prestan los gobiernos locales. A su criterio, la preocupación es evidente, porque todavía falta medir cuál será la consecuencia real de la disposición.
Según el alcalde, el gobierno determinó eliminar cualquier tipo de subvención al diésel, la gasolina y la electricidad, además de desregular los precios de los energéticos e indexar al dólar el costo de la energía. Indicó que, de acuerdo con la explicación oficial, esta medida busca evitar un tarifazo, pero advirtió que los municipios están concentrados en evaluar el impacto que tendrá sobre sus empresas municipales, entre ellas las que prestan servicios como el recojo de basura.
Torres sostuvo que, una vez concluido el análisis, los municipios asumirán una postura oficial sobre la decisión del Ejecutivo de dejar sin subvención estos recursos y de vincular el precio de la electricidad al costo del dólar. Añadió que también debe revisarse qué decisiones tomará el gobierno respecto a ENDE, la distribuidora de energía, y el efecto que tendrá la nueva referencia de 77 dólares por megawatio/hora en el Sistema Interconectado Nacional.
En ese contexto, adelantó que una de las primeras decisiones asumidas es no incrementar los precios de los servicios municipales. También señaló que el alumbrado público ya es deficitario y que con la indexación la situación podría agravarse aún más en todas las alcaldías. Por ahora, dijo, se mantendrán las tasas y tarifas actuales mientras desde el despacho municipal se analizan las alternativas posibles.
La autoridad advirtió además que el decreto podría repercutir en el presupuesto municipal en general, al generar huecos financieros que deberán ser cubiertos con recursos adicionales. Según explicó, eso incluso podría afectar las inversiones previstas por las alcaldías.
Torres informó que la mañana de este jueves los municipios sostuvieron una reunión para revisar los efectos del decreto, aunque no fue posible profundizar el análisis, lo que impidió definir todavía una posición oficial.
