El alcalde de Oruro, Iván Quispe, confirmó que su administración seguirá realizando cambios entre los funcionarios municipales que no respondan a las exigencias del trabajo institucional. La autoridad sostuvo que no permitirá irregularidades ni servidores públicos que se limiten a cumplir horarios sin desarrollar de manera efectiva sus funciones.
Quispe afirmó que la instrucción para llevar adelante estos movimientos internos salió directamente de su despacho y defendió la medida como parte de una reorganización administrativa que, según explicó, no vulnera los derechos laborales de los trabajadores. En ese marco, insistió en que la Alcaldía tiene la facultad de reordenar a su personal cuando considere necesario.
Sus declaraciones se produjeron en medio de críticas y pedidos de renuncia dirigidos a algunos funcionarios municipales, entre ellos el director de la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO), Rubén Ururi. Frente a esas observaciones, el alcalde cuestionó que se dirijan reclamos a otras instancias y remarcó que las decisiones sobre el personal responden a directrices asumidas por su propia administración.
La autoridad explicó además que, hasta ahora, la gestión municipal ha optado por realizar movimientos internos en lugar de retirar directamente a los funcionarios de sus cargos. Según dijo, esa alternativa permite mantener tanto las jerarquías como los salarios de los servidores públicos, al mismo tiempo que busca mejorar el funcionamiento de las distintas reparticiones municipales.
Quispe también rechazó los cuestionamientos sobre las atribuciones de la Alcaldía y de la unidad de Recursos Humanos para disponer estos cambios. En su criterio, la administración municipal debe contar con la posibilidad de reorganizar su estructura interna y trasladar a otras dependencias a quienes no cumplan adecuadamente con su trabajo. En ese contexto, reiteró que asumirá la responsabilidad por las instrucciones emitidas.
Finalmente, el alcalde defendió la necesidad de contar con una administración transparente y con servidores públicos comprometidos con sus funciones. Aseguró que las decisiones adoptadas buscan ajustarse a la normativa laboral vigente, aunque expresó su desacuerdo con las limitaciones que, a su juicio, existen para separar a funcionarios de sus puestos.
