El debate sobre el abastecimiento de gas natural en Bolivia volvió a intensificarse a partir de las advertencias de especialistas que observan distintos caminos para enfrentar la caída de reservas y el aumento de la demanda interna. Mientras algunos plantean que el país debería dejar de exportar gas a Brasil para destinar ese volumen al mercado nacional, otros sostienen que Bolivia debe honrar los compromisos vigentes y avanzar en cambios normativos que permitan atraer inversiones y asegurar el suministro en el mediano plazo.
El geólogo y analista Gustavo Navarro considera que el gobierno boliviano debería suspender las exportaciones de gas natural al Brasil y utilizar ese volumen para cubrir la creciente demanda interna. A su juicio, si se autoriza la importación excepcional prevista en el Decreto Supremo 5755, los grandes consumidores del país terminarán accediendo al gas a precios superiores a los 8 dólares por millón de BTU.
Navarro advirtió que, en ese escenario, las industrias y empresas que compren gas a ese costo trasladarán el incremento a sus productos terminados, lo que terminaría afectando al consumidor final. Según su análisis, esa dinámica podría derivar en un proceso inflacionario dentro de la economía nacional.
Frente a esa posibilidad, el especialista sostuvo que dejar de exportar a Brasil sería la alternativa más conveniente para evitar un mayor deterioro de la situación económica de la población, que ya enfrenta el impacto del alza en los precios de alimentos, bienes y servicios después de la eliminación de la subvención al diésel.
Una visión distinta expuso el analista de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, quien recomendó que Bolivia cumpla los contratos y adendas firmados con Brasil, actualmente el único mercado de exportación del gas boliviano. En su criterio, no sería recomendable interrumpir esos compromisos porque ello implicaría incumplir acuerdos asumidos por el Estado.
Velásquez remarcó que la seguridad jurídica es un factor clave para la inversión extranjera y recordó que uno de los principales problemas de los últimos 20 años ha sido precisamente el debilitamiento de esa garantía. También señaló que la normativa vigente brinda previsibilidad al sector industrial, ya que permite a las empresas empezar a negociar con proveedores y gestionar contratos de corto y mediano plazo con anticipación.
En esa línea, el gobierno puso en vigencia el Decreto Supremo 5755, que autoriza la importación excepcional de gas natural y gas natural licuado (GNL) por parte de privados para consumo propio y para generación de energía eléctrica. La disposición también busca liberar al Estado de la responsabilidad de garantizar los volúmenes requeridos en el mercado nacional y priorizar el abastecimiento de gas domiciliario y de gas licuado de petróleo (GLP).
Por su parte, el geólogo y exsecretario de Hidrocarburos José Padilla advirtió que una emergencia energética está en camino si no se aprueban las leyes de Hidrocarburos e Inversiones entre el gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional. A su entender, esas normas deben ser aprobadas con urgencia para atraer inversión extranjera destinada a la exploración hidrocarburífera y así incrementar las reservas de gas natural, que actualmente están en declinación.
Padilla sostuvo que la importación de gas confirma una advertencia que ya se había anticipado por la falta de exploración durante 20 años, atribuida a la ausencia de YPFB y a una mala dirección profesional que, según dijo, condujo al país a la situación actual.
