La audiencia de medidas cautelares de Jhonny Fernández se instaló la tarde de este miércoles 28 de octubre en el Juzgado Décimo de Instrucción Cautelar, en el sexto piso del Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra, en medio de la investigación que enfrenta por la presunta malversación de 191 millones de bolivianos destinados a 17 obras públicas.
En esa sesión, el Ministerio Público pidió que el exalcalde permanezca 180 días en detención preventiva, mientras avanza la investigación sobre el manejo de recursos municipales vinculados a créditos que, según los antecedentes del caso, estaban destinados a proyectos de infraestructura que habrían quedado inconclusos o no se ejecutaron.
La Fiscalía General del Estado informó, a través de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, que la aprehensión de Fernández se ejecutó cerca del mediodía en instalaciones de Fundamax, ubicadas en la avenida Grigotá, entre el segundo y tercer anillo de la capital cruceña. El operativo incluyó un allanamiento y concluyó con el traslado de la exautoridad hasta dependencias judiciales, sin que se registrara resistencia.
El mandamiento de aprehensión fue emitido después de que el juzgado declarara en rebeldía a Fernández el martes 27 de octubre. De acuerdo con la versión del Ministerio Público, esa determinación se tomó porque el imputado no asistió a la audiencia programada ni presentó una justificación por su inasistencia dentro del proceso que se le sigue.
El fiscal departamental de Santa Cruz, Jimmy López Rojas, sostuvo que el caso se desarrolla con independencia, respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. En paralelo, la defensa legal del exalcalde, encabezada por Samuel Durán, cuestionó el procedimiento policial y afirmó que la medida responde a motivaciones políticas. También rechazó que Fernández se encontrara oculto en el lugar allanado y aseguró que acudió allí para reunirse con su abogado y revisar su situación jurídica.
Durán anunció además que recurrirán a mecanismos ordinarios y constitucionales para observar las actuaciones que consideren irregulares. Mientras tanto, la autoridad judicial deberá definir si acoge o no el pedido de 180 días de detención preventiva solicitado por la Fiscalía, en un proceso que continúa abierto y bajo evaluación.
