La Fiscalía de La Paz abrió una investigación penal contra Ana Teresa Morales Olivera, exministra de Desarrollo Productivo y exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de información privilegiada y revelación de secreto profesional.
La causa se activó a denuncia del Viceministerio de Transparencia, Lucha contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, de acuerdo con un documento oficial al que accedió EL DEBER. El informe de inicio de investigación fue remitido el 27 de octubre a un juez de instrucción anticorrupción de La Paz por la fiscal Lizeth Genara Carvajal Limachi. El registro lleva el código único 201102012607427 y señala a Morales como denunciada por hechos tipificados en los artículos 154, 228 ter y 302 del Código Penal.
La apertura del proceso se produjo en medio de los cuestionamientos del Gobierno a la actuación de la UIF en gestiones anteriores. El viceministro de Transparencia, Yamil García, aseguró que esa entidad no respondió 65 requerimientos enviados desde su despacho y afirmó que, en algunos expedientes, figuran personas con poder político y económico.
“La UIF ha omitido responder estos requerimientos en 65 ocasiones”, manifestó García. A su juicio, esa situación abrió dudas sobre un posible trato selectivo en la atención de solicitudes y derivó en denuncias contra exautoridades de la institución, entre ellas Morales, quien asumió la dirección de la UIF en marzo de 2018 y ocupó el cargo hasta 2019, durante el último gobierno de Evo Morales.
García también sostuvo que existían denuncias sobre un presunto uso de la UIF con fines económicos o políticos.
La UIF es el organismo estatal encargado de analizar información financiera para detectar indicios de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo. Recibe reportes de operaciones sospechosas y elabora informes para las autoridades competentes. Por la naturaleza de sus funciones, maneja información sujeta a reserva.
En el documento judicial, los delitos atribuidos a Morales corresponden a conductas distintas: presuntas omisiones de deberes funcionales, uso irregular de información obtenida por razón del cargo y eventual divulgación no autorizada de secretos. Sin embargo, el informe no detalla cuáles serían los hechos concretos vinculados a cada una de esas figuras penales.
Morales ya había enfrentado otra investigación en agosto de 2019, cuando todavía estaba al frente de la UIF. En esa ocasión, la Fiscalía admitió una denuncia por la difusión de documentos sobre depósitos bancarios de una empresa privada correspondientes a 2002 y 2003.
Ese caso también involucró los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y revelación de secretos. Morales declaró entonces y negó haber vulnerado el secreto bancario; además, sostuvo que las actuaciones de la UIF estaban respaldadas por la normativa vigente.
