Los abogados de Sebastián Marset presentaron una impugnación contra el registro de un teléfono celular incautado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y pidieron a un juez federal de Estados Unidos que suspenda el análisis del dispositivo hasta que el Gobierno aclare cómo obtuvo su control y bajo qué procedimientos se extrajo la información.
La solicitud fue presentada el 23 de octubre ante el juez Rossie Alston Jr., de la Corte Federal del Distrito Este de Virginia. En el escrito, la defensa cuestiona las circunstancias en las que apareció el aparato, la ausencia de documentación oportuna sobre su custodia y la legalidad del acceso realizado por agentes de la Administración para el Control de Drogas, conocida como DEA.
De acuerdo con los abogados, el teléfono fue remitido por las autoridades bolivianas a la DEA a mediados de abril, pero recién figuró en la documentación judicial compartida con la defensa a fines de julio. También señalan que no fueron informados a tiempo sobre la existencia del dispositivo, pese a que podría contener datos relevantes para la investigación.
“Al parecer, no se elaboró ningún informe contemporáneo sobre la cadena de custodia”, sostuvieron los abogados en el documento presentado ante el juez, según una publicación del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
La defensa afirma además que la DEA reconoció que sus agentes extrajeron datos del teléfono sin una orden judicial. Según el argumento atribuido al agente, no habría sido necesaria una autorización específica porque Marset supuestamente había consentido antes el registro de otros dispositivos. Los abogados, sin embargo, objetan que ese consentimiento pueda extenderse al cuarto teléfono y servir de base para el procedimiento cuestionado.
La Fiscalía estadounidense sostiene que Marset utilizaba cuatro celulares para acceder a cuentas de criptomonedas por un valor de $us 4 millones. Frente a eso, el equipo legal busca que el juez revise primero cómo se obtuvo y procesó la información antes de permitir que el aparato siga siendo usado como prueba dentro del caso.
La impugnación se suma a otras acciones impulsadas por la defensa para intentar que se desestimen cargos o se excluyan elementos probatorios en el proceso contra Marset, quien fue arrestado el 13 de marzo de 2026 durante un operativo en Santa Cruz de la Sierra y luego trasladado a Estados Unidos.
El uruguayo enfrenta acusaciones federales relacionadas con narcotráfico, lavado de dinero y narcoterrorismo. Su defensa ha cuestionado, entre otros puntos, la jurisdicción de la Justicia estadounidense, la validez del cargo de lavado de dinero y el uso de supuestos vínculos con organizaciones criminales sudamericanas para sostener la acusación por narcoterrorismo.
En septiembre, durante una audiencia previa al juicio, los abogados también objetaron la forma en que se obtuvieron ciertas declaraciones después de la captura en Bolivia y plantearon reparos sobre el acceso oportuno a asistencia legal durante el traslado. La Fiscalía, por su parte, defiende la solidez de su investigación y asegura que cuenta con elementos para sostener los cargos.
El juez Alston prevé pronunciarse sobre las mociones de la defensa antes del 6 de noviembre, según los antecedentes difundidos sobre el proceso. Sus resoluciones pueden definir qué cargos y pruebas permanecerán en pie de cara al juicio, previsto para comienzos de 2027.
La nueva ofensiva judicial en Estados Unidos ocurre mientras en Bolivia avanzan investigaciones por presuntos vínculos de funcionarios y policías con Marset, además de supuestas irregularidades en el manejo de objetos hallados en inmuebles relacionados con el uruguayo.
En una de esas causas fueron enviados a prisión los exfiscales Róger Mariaca, Alberto Zeballos y Martín Irusta, junto con el policía Álvaro Aparicio, por presuntos hechos vinculados con protección al narcotraficante. Las responsabilidades individuales deberán definirse dentro de los procesos correspondientes.
En otra investigación, relacionada con el presunto hurto de maletas y objetos de valor de la vivienda de Marset, el exjefe de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, Marcelo Ferrufino, fue enviado al penal de Palmasola.
Además, el capitán de Policía Guillermo Ruiz fue aprehendido después de declarar que retiró cuatro maletas de la vivienda y las entregó a sus superiores para que fueran puestas a disposición de la Fiscalía. Según los datos difundidos sobre el caso, debía ser presentado ante un juez cautelar en las horas siguientes a su aprehensión.
Aunque las investigaciones bolivianas y el proceso federal en Estados Unidos avanzan
