La exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Teresa Morales, enfrenta una denuncia presentada ante la Fiscalía de La Paz por presuntamente haber utilizado la institución con fines políticos, haber aplicado supuestos “mecanismos de extorsión” contra exautoridades, políticos y particulares, haber incidido negativamente en procesos electorales y no haber respondido a más de 60 requerimientos del Viceministerio de Transparencia.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, explicó a EL DEBER que la acusación contra Morales está vinculada con una presunta “mal utilización de la UIF” para ejercer presión sobre candidatos y actores políticos, en un contexto que, según su versión, habría tenido efectos negativos en distintos procesos electorales. García sostuvo que la entidad llegó a convertirse en una estructura que generaba presiones de tipo financiero y afirmó que, a través de la UIF, se habrían establecido mecanismos de extorsión contra autoridades, exautoridades, personas privadas y empresas.
Otro de los elementos que mencionó el viceministro es que su despacho pidió a Morales 65 informes relacionados con investigaciones sobre personajes políticos y sus familias, pero que esos requerimientos nunca fueron respondidos por la UIF. García aseguró que se trató de solicitudes vinculadas con hechos que comprometían a políticos y familiares de políticos que no habrían sido investigados por esa institución.
Morales, por su parte, rechazó de manera categórica esas acusaciones. Aseguró que es “absolutamente falso” que durante su gestión al frente de la UIF haya omitido enviar los informes solicitados y afirmó que en su administración no existe “ninguna omisión de ningún informe”. La exautoridad dijo además que está dispuesta a colaborar con la investigación y pidió que se realice una auditoría a todas las gestiones de la UIF.
La exdirectora también señaló que no fue notificada formalmente con ninguna denuncia, aunque dijo que ya conocía que se preparaba un proceso en su contra. Según relató, eso ocurrió tras el anuncio realizado el 16 de octubre por el entonces director de la UIF, Diego Alejandro Barboza Zeballos, quien posteriormente, el 22, apareció en la lista de “desvisados” de Estados Unidos y fue apartado del cargo.
Morales, quien también fue ministra durante el gobierno de Evo Morales entre 2011 y 2015, vinculó la denuncia con tres casos específicos. Uno de ellos, dijo, corresponde a una investigación de la UIF sobre Carlos Mesa, a quien se habría indagado por presuntamente haber recibido montos elevados de dinero de un partido político para ser candidato a vicepresidente. El segundo caso estaría relacionado con la constructora brasileña Odebrecht y con supuestos cobros de coimas en la construcción de caminos.
El tercer caso que, según su interpretación, motivaría la denuncia es el seguimiento que la UIF hizo al caso de los “Papeles de Panamá”, a partir de un informe de la Asamblea Legislativa que incluía una lista de más de 100 personas, entre ellas Samuel Doria Medina, Fernando Camacho y Branko Marincovic.
