La Defensoría del Pueblo de Bolivia activó un seguimiento estricto sobre las instituciones estatales para identificar a los responsables de las amenazas contra Javier Fernández, presidente de la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (Cipoap), quien ha denunciado la minería ilegal en el río Madre de Dios.
En un comunicado, la institución anunció que mantendrá vigilancia sobre las actuaciones de la Fiscalía General del Estado, la Policía Boliviana, los ministerios competentes y las autoridades de la Jurisdicción Agroambiental, a las que exhortó a actuar con la debida diligencia para resguardar la seguridad del dirigente indígena. La Defensoría también pidió garantías reales para su labor, en un contexto en el que Fernández ha impulsado denuncias por la extracción ilegal de oro y ha promovido la expulsión de las balsas utilizadas en esa actividad.
La Central Indígena de Pueblos del Oriente (Cidob) vinculó las amenazas con la Acción Preventiva Ambiental que Fernández impulsa en defensa de las comunidades afectadas por la minería aurífera en la zona. Según esa organización, las intimidaciones estarían directamente relacionadas con su trabajo en protección del territorio y de los pueblos amazónicos.
La Defensoría recordó además la medida precautoria emitida en diciembre de 2025 por el Tribunal Agroambiental, que ordenó la suspensión inmediata de la minería ilegal en el río Madre de Dios y dispuso paralizar y anular las concesiones mineras que no cuenten con procesos de consulta previa, libre e informada. La institución destacó esa decisión como un respaldo a los derechos indígenas y al resguardo ambiental.
En 2026, el Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II) reclamó por el incumplimiento estatal de las decisiones judiciales y resolvió asumir control territorial. En esa misma línea, el 26 de septiembre, Fernández informó que los cinco pueblos originarios de la Amazonía de Pando decidieron emprender acciones para defender su territorio frente a los cooperativistas auríferos que operan en las riberas del río Madre de Dios.
La semana pasada, Fernández fue convocado por la Fiscalía de Pando para presentar pruebas sobre sus denuncias de contaminación del río Madre de Dios con mercurio usado en la minería del oro. Ante ese escenario, la Defensoría anunció que mantendrá un monitoreo permanente para asegurar el debido proceso y proteger a quienes defienden la Amazonía y los derechos de la Madre Tierra.
La institución expresó su profunda preocupación y condenó las amenazas de muerte e intentos de intimidación difundidos en redes sociales contra Fernández y su familia. También subrayó que el trabajo de las autoridades y dirigentes indígenas resulta fundamental para el ejercicio de los derechos colectivos y la protección del patrimonio natural amazónico.
Finalmente, la Defensoría recordó que el Estado boliviano tiene una obligación ineludible, en el marco de la Ley N.º 1182, ratificada el 4 de junio de 2019, de garantizar un entorno seguro para quienes denuncian vulneraciones de derechos humanos en asuntos ambientales. Con esta posición, la entidad puso bajo vigilancia la respuesta estatal frente a las agresiones contra defensores del medio ambiente en la Amazonía boliviana.
