El primer año legislativo del gobierno de Rodrigo Paz concluye sin que se hayan aprobado las leyes estructurales que el Ejecutivo presentó como parte de la transformación del Estado. En ese paquete figuraban normas vinculadas con hidrocarburos, minería, inversiones, economía verde, electricidad y seguridad nacional, pero hasta ahora la única iniciativa que llegó formalmente a la Asamblea fue la ley de inversiones, que terminó observada y devuelta.
La expectativa oficial era que esas reformas marcaran el inicio de una nueva etapa institucional y económica. Sin embargo, el balance legislativo muestra que el avance ha sido limitado, especialmente en los ámbitos de economía y energía. Desde la oposición, el diputado Reinaldo Seas, de Libre, lamentó que durante todo el año se haya esperado la aprobación de leyes como la nueva norma de inversiones, la de hidrocarburos o la de minería. También recordó que los anuncios sobre reformas parciales a la Constitución Política del Estado no prosperaron, en parte por la vigencia del estado de excepción aprobado tras la crisis de los 53 días entre mayo y junio, que dejó millonarias pérdidas.
Mientras la oposición atribuye las demoras al Ejecutivo, el oficialismo sostiene que la Asamblea está preparada para encarar cambios de fondo. En esa línea, el reelecto presidente del Senado, Diego Ávila, anticipó que 2027 “será el año de consolidación de la reforma constitucional”.
Un recuento de EL DEBER, elaborado con base en la Gaceta Oficial, establece que entre el 13 de noviembre de 2025 y el 30 de octubre de 2026, Paz promulgó 89 leyes. De ese total, 20 son de alcance nacional, 16 corresponden a créditos o financiamiento internacional, 29 son declaratorias conmemorativas o patrimoniales y 24 se refieren a asuntos regionales.
Entre las leyes nacionales destacan la 1700, del 20 de noviembre de 2025, que estableció el régimen excepcional para las elecciones subnacionales; la 1740, del 8 de junio, que regula los estados de excepción; y la 1773, del 2 de octubre, que modificó la Ley Orgánica del Ministerio Público y antecedió a la suspensión de Róger Mariaca como fiscal general. En el grupo de declaratorias figuran, entre otras, el Día Nacional del Amauta Boliviano, mediante la Ley 1696, y el Día Nacional del Viñatero, con la Ley 1723. Las normas regionales abarcan delimitaciones territoriales, transferencias y proyectos viales.
La agenda de reformas fue anunciada por Paz el 8 y 9 de mayo, en El Alto y Cochabamba, cuando presentó el paquete destinado a transformar el modelo estatal. En esos actos aseguró que la nueva ley de inversiones ya estaba lista, y lo hizo ante legisladores, gobernadores, alcaldes y dirigentes sociales. No obstante, el primer proyecto recién ingresó a Diputados el 11 de agosto.
Después de permanecer más de dos meses en la Comisión de Planificación, el proyecto de Ley de Inversiones, identificado como PL 684/25, fue observado y devuelto, según miembros de esa instancia. El texto, compuesto por 103 artículos y 16 disposiciones, generó reparos por la forma en que aborda las controversias con inversionistas extranjeros. Aunque prevé arbitrajes con consentimiento expreso del Estado y dentro del marco constitucional, legisladores advirtieron posibles contradicciones con las restricciones de la CPE para someter esos conflictos a tribunales de alcance internacional.
La propuesta también plantea la creación de una agencia de inversiones y la regulación de alianzas público-privadas. Diputados de Libre y de Unidad cuestionaron que ambos mecanismos podrían aumentar la burocracia, mientras que el empresariado nacional también expresó observaciones.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, informó que existe una nueva versión del proyecto y confió en que pueda ser aprobada antes del receso de fin de año. Al mismo tiempo, el presidente Paz volvió a anunciar el envío de las leyes de minería e hidrocarburos. “La ley de Hidrocarburos ya está cerrada, ya está lista, y también la de Minería ya va a entrar”, afirmó.
Para el exsenador y politólogo Carlos Börth, la lentitud en el tratamiento de estas reformas refleja problemas institucionales y políticos. A su juicio, la Asamblea enfrenta limitaciones técnicas y dificultades para construir consensos. “El Parlamento es una caja de resonancia del país. O sea, el Parlamento no puede
