La sequía continúa golpeando con fuerza a Bolivia y, según datos del Ministerio de Defensa, hasta el 29 de octubre ya afectaba a 114.048 familias en 63 municipios de seis departamentos. El impacto no se limita a la población, sino que también alcanza de manera directa a la producción agropecuaria, con 60.106 hectáreas reportadas como perdidas y 75.013 cabezas de ganado que perecieron.
La emergencia se extiende además a 1.486 comunidades y compromete 167.511 hectáreas afectadas en total, en un contexto en el que la falta de agua y de forraje está deteriorando los medios de subsistencia y las condiciones de vida de miles de personas. El problema se concentra en regiones donde la actividad agrícola y ganadera depende de manera crítica de las lluvias y de la disponibilidad de recursos para sostener a los animales.
Frente a este escenario y ante los riesgos asociados al fenómeno El Niño 2026-2027, el Gobierno declaró la Situación de Emergencia Nacional mediante el Decreto Supremo 5759, firmado por el presidente Rodrigo Paz. La medida busca proteger la vida, la salud y los medios de vida de la población boliviana, además de reforzar la capacidad de preparación, respuesta y recuperación frente a la emergencia.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó que en varias regiones del país está lloviendo menos de lo necesario y que la escasez de agua afecta no solo a las personas, sino también a los cultivos, los animales y a las familias que dependen de la agricultura y la ganadería. En ese marco, precisó que 78.217 familias están afectadas por el impacto de la sequía sobre sus actividades y condiciones de vida, mientras que 35.831 están damnificadas, es decir, ya sufrieron pérdidas directas en sus cultivos, animales o medios de subsistencia.
Justiniano advirtió además que el panorama climático podría complicarse en los próximos meses. Mientras el Altiplano, los Valles y el Chaco atraviesan condiciones de sequía, los pronósticos también contemplan riesgos de heladas, granizadas, incendios forestales, inundaciones, riadas y desbordes vinculados al fenómeno El Niño. El ministro aclaró, sin embargo, que se trata de advertencias útiles para organizar acciones preventivas y no de una confirmación de que todos esos eventos vayan a producirse.
La declaratoria fue recomendada por el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (CONARADE), mediante la Resolución 014/2026, del 30 de octubre. A partir de esa decisión, el Gobierno definió una respuesta articulada entre el nivel central, las gobernaciones y los municipios, con participación de cada ministerio según sus competencias.
Defensa Civil tendrá a su cargo la coordinación de la gestión de riesgos y de las acciones de respuesta, con el apoyo de las Fuerzas Armadas cuando sea necesario. Paralelamente, el Ejecutivo trabaja en los mecanismos de financiamiento para disponer de mayores recursos, aunque ese proceso aún debe completar los procedimientos correspondientes.
Entre las tareas inmediatas previstas están la identificación de las comunidades con mayor riesgo, la actualización de los planes de contingencia, la organización de las capacidades disponibles y la preparación de la ayuda que pudiera requerir la población en las zonas más golpeadas por la sequía.
