La Central Obrera Departamental (COD) de La Paz expresó su rechazo al anteproyecto del nuevo Código Minero impulsado por el Gobierno y advirtió que la propuesta afecta los intereses del país sobre sus recursos naturales. El cuestionamiento se suma al de otras organizaciones del sector minero, que también observan con preocupación el contenido y la forma en que avanza la elaboración de la norma.
El secretario general de la COD paceña, Celestino Gonzáles, sostuvo que el proyecto legal representa un instrumento que arrebata la soberanía del Estado sobre los recursos naturales y despoja al país de sus intereses nacionales, de acuerdo con la información difundida por Correo del Sur. Su posición se enmarca en un debate que ha ido creciendo en torno a la sustitución de la actual Ley 535 de Minería y Metalurgia.
La norma vigente reconoce el control estatal en todas las fases de la cadena productiva, desde la exploración hasta la explotación e industrialización, a través de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y de los tres actores productivos del sector. Sin embargo, desde la dirigencia sindical se sostiene que la nueva propuesta retoma la orientación del marco legal aplicado en la década de 1990, cuando —según esa lectura— las empresas privadas concentraban el control del patrimonio minero del país.
Mientras crece la resistencia, el Ministerio de Minería y Metalurgia inició la fase de socialización técnica del anteproyecto con el argumento de que la nueva regulación busca modernizar el sector, brindar seguridad jurídica y atraer inversiones con responsabilidad socioambiental. Según la propuesta oficial, el texto unifica normas sustantivas y procedimentales en un solo cuerpo legal, incorpora seis modalidades contractuales diferenciadas, simplifica trámites administrativos, autoriza alianzas estratégicas entre empresas privadas e introduce mecanismos de seguimiento ambiental temprano y trazabilidad en la comercialización de minerales, manteniendo la intransferibilidad de las áreas mineras.
Pese a ese proceso de socialización, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb) denunciaron que fueron excluidas de la formulación del proyecto. El presidente de Fencomin, Richard Caricari, afirmó que la presentación se realizó en reuniones a puerta cerrada y sin considerar la propuesta consensuada que su sector elaboró en julio. Además, cuestionó presuntas actitudes prebendales y denunció injerencia de un país extranjero en la política minera nacional.
Desde el Ministerio de Minería, en cambio, se aseguró que sí hubo participación de actores privados e institucionales en el proceso. Entre ellos fueron acreditados la Cámara Nacional de Minería, federaciones auríferas regionales como Ferreco y Fencoman, organizaciones campesinas como la CSUTCB, además de empresas privadas como Sinchi Wayra y la Empresa Minera San Cristóbal, junto con agencias internacionales.
El debate sobre el nuevo Código Minero también está ligado a compromisos financieros internacionales. Bolivia suscribió en octubre de 2026 el “Acuerdo País de Metales y Minerales del Estado Plurinacional de Bolivia” con el Banco Mundial, un convenio que compromete la aprobación del nuevo Código de Minería y de una Ley de Inversiones a más tardar a mediados de 2027. Esa hoja de ruta, respaldada también por el Banco Interamericano de Desarrollo y el PNUD, prevé movilizar hasta 19.000 millones de dólares en inversiones públicas y privadas entre 2026 y 2030 para el desarrollo de minerales críticos y la actualización del catastro minero digital.
En ese marco, el Ministerio de Minería anunció que organizará mesas de trabajo en los nueve departamentos del país antes del debate del proyecto en el pleno de la Asamblea Legislativa. También habilitará una plataforma digital para recibir observaciones de la ciudadanía, en medio de un escenario marcado por la resistencia sindical y las tensiones que ya rodean al anteproyecto.
