La abogada Nadia Beller manifestó su temor de que el Gobierno intente aprehenderla y abrirle una causa vinculada al caso de audios que involucra a su expareja, Fernando Cerimedo. Según su versión, esa eventual acción formaría parte de una estrategia para desviar la atención del contenido de las grabaciones y centrar la investigación únicamente en quién las filtró.
En entrevista con Erbol, Beller sostuvo que existe la intención de “coronar el año de gestión del Presidente” con una aprehensión en su contra y con la apertura de un proceso que, a su juicio, serviría para reforzar la idea de que el caso responde a un complot contra el Gobierno de Rodrigo Paz. La abogada insistió en que el foco de la investigación no debería estar puesto solo en la difusión de los audios, sino en lo que revelan esas conversaciones.
Sus cuestionamientos apuntan a que las autoridades estarían privilegiando la búsqueda de la fuente de filtración antes que el análisis del contenido de las grabaciones, en las que, de acuerdo con el contexto del caso, se mencionan presuntas disputas por poder y posibles negociados en áreas estatales. Beller también rechazó las declaraciones del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien en una entrevista afirmó que ella mantenía una “relación fluida” con el exfiscal general Roger Mariaca. La abogada negó esa vinculación y afirmó que una grabación en la que Cerimedo y Mariaca coordinan un encuentro demuestra, a su criterio, que sí existía relación entre ambos.
La entrevistada además denunció que Oviedo la tendría bajo vigilancia en su domicilio y que habría acosado a periodistas que intentaron entrevistarla. Como ejemplo, mencionó la retención durante 40 minutos de un equipo de la BBC y la intervención de la Embajada británica para exigir respeto a la libertad de expresión. Hasta el momento de esta publicación, el Gobierno no había respondido sobre ese señalamiento.
Ante el temor de una aprehensión, Beller afirmó que solicitó protección a organismos internacionales y advirtió que, si esa situación se concreta, iniciará una huelga de hambre. También responsabilizó al ministro por cualquier consecuencia que pudiera afectar su vida y la del bebé que está gestando.
La abogada aseguró, además, que entregó a la Fiscalía audios, mensajes y documentos que considera relevantes para la investigación, incluidos elementos relacionados con YPFB. En su criterio, el Ministerio Público no debería limitarse a establecer quién difundió las grabaciones, sino también examinar su contenido.
El caso de los audios adquirió dimensión política tras la circulación de más de una docena de grabaciones atribuidas a Cerimedo y a personas del entorno presidencial. En esas conversaciones se mencionan presuntas disputas por espacios de poder, decisiones de gobierno y posibles negociados en sectores como hidrocarburos y empresas estatales. Tras la difusión de ese material, Paz negó en agosto que Cerimedo tuviera autorización para representar a la Presidencia, al Gobierno o a su familia, y descartó una relación laboral directa. Luego, el 29 de octubre, pidió investigar “quién filtra o quién los produce” y señaló que corresponde a la Justicia verificar los materiales, sin referirse de manera directa a las presuntas irregularidades mencionadas en los audios.
La situación de Beller se produce además en un contexto personal marcado por el atentado que sufrió el 17 de agosto de 2026 en la puerta de un hotel de la zona norte de Santa Cruz de la Sierra. En ese ataque armado recibió múltiples heridas por proyectil en el cuello, el hombro izquierdo y el brazo derecho, sufrió una fractura tratada quirúrgicamente con una prótesis y también resultó afectada su mama derecha. Su evolución médica fue favorable y sin compromiso de órganos vitales. Por ese atentado, Fernando Cerimedo fue aprehendido y recluido preventivamente en el penal de Palmasola.
