El Gobierno descartó la posibilidad de elevar al 5% la coparticipación tributaria para las gobernaciones, en medio del debate por la agenda 50-50 y tras el planteamiento del gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, quien rechazó el 1% ofrecido por el Ejecutivo y propuso partir de un 5% o 6% para avanzar de manera progresiva hasta llegar al 15% en 2031.
La posición fue expuesta por el viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, quien sostuvo que, en el escenario económico actual, el Gobierno no está en condiciones de atender ese pedido. Según explicó, una redistribución basada solo en los impuestos vigentes afectaría recursos que ya tienen destino en la financiación de servicios y sectores considerados esenciales, por lo que el debate debe incluir también nuevas fuentes de ingreso y las responsabilidades que asumirán las administraciones departamentales.
Oliva remarcó que la discusión no debe limitarse al porcentaje de coparticipación ni a los Bs 550 millones planteados por el Ejecutivo. En ese marco, recordó que está en elaboración un proyecto de ley de dominios tributarios, el cual permitiría generar ingresos adicionales para las gobernaciones, incluso por encima de ese monto asociado al 1%.
“No vamos a estirar un presupuesto o vamos a coparticipar deuda o déficit. Tenemos que coparticipar recursos y asumir responsabilidades”, afirmó el viceministro al insistir en que no existe una fecha definida para reunirse con los gobernadores y tratar tanto este tema como la normativa en desarrollo.
De acuerdo con Oliva, los cálculos realizados pueden llevar a una lectura engañosa si se los reduce a un solo porcentaje, porque no reflejan el conjunto de recursos que se pretende generar para las gobernaciones. También señaló que ya existen contactos con las autoridades departamentales para retomar el diálogo en los próximos días y buscar acuerdos, pese a las diferencias y a las dificultades económicas que atraviesa el país.
El viceministro reiteró finalmente que cualquier incremento de recursos debe venir acompañado de nuevas fuentes de financiamiento y de mayores responsabilidades para las gobernaciones, descartando que el Gobierno pueda ampliar artificialmente los fondos disponibles para responder a la demanda departamental.
