El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, dejó claro este miércoles que la política de deportaciones seguirá en marcha, apenas un día después de la dura derrota electoral sufrida por el Partido Republicano en unos comicios que evidenciaron un amplio malestar con la gestión del presidente Donald Trump.
“Las deportaciones continuarán”, escribió Mullin en su cuenta oficial de X, en un mensaje con el que buscó reafirmar la continuidad de la ofensiva migratoria impulsada por el Gobierno.
La declaración llegó en un contexto político adverso para los republicanos, que registraron retrocesos significativos en buena parte del país y vieron cómo los demócratas avanzaban incluso en territorios tradicionalmente conservadores. De acuerdo con análisis de medios locales, el Partido Republicano perdió terreno en el 99% de unos 2.200 condados contabilizados en comparación con los resultados obtenidos por Trump en las presidenciales de 2024, con caídas especialmente marcadas en condados de mayoría hispana.
Pese a que la inmigración fue uno de los ejes centrales del mandato de Trump, los sondeos a pie de urna de NBC mostraron que solo el 14% de los votantes la identificó como el principal problema del país. En contraste, el 39% señaló la economía y el 32% ubicó en primer lugar el estado de la democracia.
Entre quienes sí consideraron prioritaria la política migratoria, la preferencia se inclinó levemente hacia los republicanos: el 44% apoyaba su gestión frente al 41% que se decantaba por los demócratas.
El rechazo a las deportaciones resultó todavía más evidente entre los votantes latinos. Una encuesta del Pew Research Center publicada en octubre indicó que el 62% consideraba que el Gobierno estaba expulsando a demasiados inmigrantes en situación irregular.
En paralelo, el Instituto de Política Migratoria (MPI) calculó que las autoridades migratorias estadounidenses habían realizado unas 980.000 deportaciones entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026. La misma entidad estimó que la cifra alcanzaría unas 660.000 durante el año fiscal 2026, que concluyó el pasado 30 de septiembre. Además, señaló que el 80% de las deportaciones contabilizadas hasta julio correspondieron a personas sin condenas penales.
