Los trabajadores del sector salud cumplirán este jueves 5 de noviembre un paro nacional de 24 horas y, al día siguiente, una segunda jornada de protesta a nivel departamental, en demanda del pago del bono de vacunación, cuyo desembolso aún no se concretó.
La dirigente del sector, Estela Ortuste, recordó que el 23 de octubre la Confederación de Trabajadores en Salud sostuvo una reunión con la ministra del área, en la que se asumieron dos compromisos. Según explicó, el primero consistía en cancelar el beneficio al personal que depende del Ministerio de Salud, mientras que el segundo planteaba avanzar en una reglamentación, con participación de la Confederación, para definir quién debía hacerse cargo del pago al resto de los trabajadores.
Ortuste afirmó que ese acuerdo no fue cumplido por la cartera de Salud, que debía efectuar el pago el 30 de octubre. Ante esa situación, dijo, se decidió asumir la medida de presión a escala nacional con el paro de 24 horas.
En Santa Cruz, el conflicto alcanza a cerca de 7.000 trabajadores del sector, de los cuales alrededor de 5.000 dependen del Ministerio de Salud y otros 2.000 de la Gobernación. La dirigente sostuvo que la administración departamental debe asumir el pago del bono correspondiente a sus funcionarios, debido a que están bajo su dependencia directa.
No obstante, Ortuste admitió que todavía no existe una reglamentación que precise con claridad las responsabilidades del Gobierno nacional, las gobernaciones y los municipios en este tema. También cuestionó la falta de acciones de la Gobernación para lograr una respuesta del Ministerio de Salud y consideró insuficiente el envío de notas, al señalar que esperan gestiones concretas para resolver la situación de los 2.000 trabajadores que dependen del nivel departamental.
Sobre la protesta prevista para el viernes, la dirigente indicó que la dirigencia y los trabajadores de base analizarán si se mantiene la medida, en función de las respuestas que se obtengan de las autoridades.
Mientras tanto, las medidas de presión vuelven a generar incertidumbre entre los pacientes, que podrían enfrentar dificultades para acceder a los servicios de salud.
