El amparo constitucional presentado por las diputadas Lissa Claros y Claudia Herbas para frenar la elección de la nueva directiva de la Cámara de Diputados fue observado por la sala penal que recibió el recurso, según explicó este jueves el diputado Manolo Rojas, del PDC. A criterio del legislador, por los plazos que corren y por los actos que ya se produjeron en la propia Cámara, resulta difícil que llegue a instalarse una audiencia destinada a revisar la polémica sesión en la que se eligió a la directiva.
Rojas sostuvo que el planteamiento judicial apuntaba, en esencia, a cuestionar la forma en que se realizó la elección. Sin embargo, afirmó que con la posesión posterior y la ratificación de autoridades se fueron consolidando actos jurídicos que, en su criterio, terminan por validar lo ocurrido. También señaló que la presencia de ese grupo reducido en la Asamblea, pese a que luego algunos de sus integrantes se retiraron o realizaron otras acciones de protesta, también habría contribuido a convalidar el acto.
Las diputadas Claros y Herbas acudieron el lunes a la justicia constitucional con el objetivo de invalidar la elección realizada el viernes en una sesión que terminó envuelta en una fuerte polémica. No obstante, hasta este jueves no se había convocado a audiencia y, según Rojas, el memorial fue observado por la sala penal.
En la sesión de este jueves, cuando se leía la correspondencia, se puso en consideración el pedido del diputado Rolando Pacheco, de AP. Sin embargo, poco después se dio lectura a otra carta en la que el mismo legislador desistía de su solicitud de revisión, con lo que, según lo ocurrido en el pleno, quedaba convalidada la elección de Roberto Castro y de su directiva.
En esa misma jornada también quedó sin mayor trámite el tema de las denuncias sobre la supuesta presencia de familiares del presidente de la Cámara en puestos clave de la instancia legislativa, pese a que no serían funcionarios públicos. Las acusaciones quedaron reducidas a un comentario sin mayores efectos, ya que los diputados que las plantearon no presentaron denuncia ante la Fiscalía.
Finalmente, en la sesión fueron posesionados los siete integrantes de la nueva directiva de Diputados, en una distribución de cargos que quedó en manos del PDC, Unidad y la facción de Rafael López. Roberto Castro, del PDC, asumió la presidencia; Álvaro Cazasola Soria Galvarro, de Unidad, la primera vicepresidencia; Nathali Tovias Claure, de Libre, la segunda vicepresidencia; Marlene Miranda Palma, del PDC, la primera secretaría; María Khaline Moreno Cárdenas, de Unidad, la segunda secretaría; José Maldonado Gemio, de Libre, la tercera secretaría; y Roger Blanco Mustafá, también de Libre, la cuarta secretaría.
