La Vicepresidencia del Estado convocó formalmente a la inauguración de la legislatura 2026-2027 para el miércoles 11 de noviembre a las 10:00 horas, en medio de un escenario marcado por tensiones entre el vicepresidente Edmand Lara y los presidentes de las cámaras, Diego Ávila y Roberto Castro.
El anuncio fue difundido cerca de las 7:30 del domingo 8 de noviembre, poco antes de una reunión prevista entre Lara y los titulares de las cámaras de Senadores y Diputados, con el propósito de encaminar una salida al conflicto surgido al cierre del periodo legislativo anterior. La convocatoria llega después de varios cruces institucionales que dejaron en evidencia diferencias sobre el manejo de la última sesión de la legislatura 2025-2026.
El origen de la controversia se remonta al viernes 6 de noviembre, cuando el vicepresidente suspendió la sesión oficial al no existir cuórum suficiente para instalar el pleno. Sin embargo, ante esa situación, Diego Ávila asumió la conducción de la asamblea y llevó adelante la sesión N.º 20, lo que abrió una disputa sobre la validez de lo actuado en esa jornada.
Tras ese episodio, Lara ofreció una conferencia de prensa el sábado y anunció un encuentro de emergencia para el domingo a las 9:00, con la participación de los presidentes de ambas cámaras. Pese a ello, las diferencias ya habían quedado expuestas antes, cuando Castro y Ávila no asistieron a una reunión extraordinaria convocada por la Presidencia del Congreso para intentar resolver los desacuerdos sobre el cierre y la apertura del nuevo ciclo parlamentario.
En su comunicado, la Vicepresidencia precisó que la inauguración de la nueva legislatura no implica reconocimiento ni validación de la sesión N.º 20 ni de las decisiones adoptadas bajo la conducción de Ávila. Además, señaló que la Presidencia mantiene sus objeciones respecto a las competencias ejercidas en ese proceso y que reserva las acciones legales correspondientes.
De ese modo, el conflicto queda encaminado hacia una definición judicial, mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional deberá pronunciarse sobre la validez de los actos cuestionados en los procesos constitucionales que correspondan.
