Un juez penal de Garantías de Delitos Económicos de Paraguay ordenó este sábado que el expresidente Santiago Peña permanezca bajo prisión preventiva, luego de que la Fiscalía presentara una acusación formal en su contra por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio en el marco de la investigación por el cierre de Ueno bank.
Tras la audiencia de imposición de medidas, el magistrado Humberto Otazú afirmó ante los periodistas que “este ciudadano debe estar bajo la figura de la prisión preventiva para garantizar su sometimiento a este procedimiento”. Según explicó, Peña se abstuvo de declarar durante la diligencia.
La resolución se produjo en medio de la crisis abierta en Paraguay después de que el Banco Central del Paraguay ordenara el pasado martes un procedimiento de resolución o disolución de Ueno bank, una entidad que contaba con 2,94 millones de clientes, incluidos organismos públicos que habían depositado importantes fondos durante el mandato de Peña.
El juez dispuso que el exmandatario, de 47 años, continúe recluido en el Regimiento Escolta Presidencial, donde pasó la noche del viernes tras hacerse efectiva una orden de detención emitida por los fiscales. Esa medida llegó después de que Peña fuera destituido por el Senado en un juicio político por “mal desempeño de funciones”.
La decisión fue adoptada por los 44 senadores presentes y evitó que el expresidente se convirtiera en senador vitalicio, condición que le habría otorgado fueros.
Otazú también precisó que Peña no será trasladado a una cárcel común. Argumentó que, por su condición de expresidente, maneja información sensible en asuntos vinculados, entre otros, al crimen organizado.
Horas antes de la resolución judicial, la Fiscalía había imputado formalmente a Peña como presunto instigador del delito de lesión de confianza y como autor de administración en provecho propio dentro de la causa por la caída de Ueno bank. De acuerdo con la acusación, el exmandatario “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en la entidad financiera.
El documento fiscal añade además que Peña “habría mantenido una relación económica y corporativa previa” con Ueno holding, el grupo empresarial al que pertenecía el banco ya finiquitado.
Por este mismo caso, la Fiscalía también imputó a 27 personas, entre ellas Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno bank.
