La Fiscalía de Estados Unidos anunció que presentará en el juicio contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset pruebas sobre presuntos sobornos pagados a funcionarios de Bolivia, Uruguay, Paraguay y Venezuela, en el marco del proceso que se prevé para el próximo año. La autorización fue solicitada por el fiscal Anthony T. Aminoff ante el juez Rossie Alston Jr., del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, en una moción presentada este miércoles 11 de noviembre, según reportó el portal Montevideo y accedió el semanario Búsqueda al escrito fiscal.
De acuerdo con ese documento, Marset habría entregado dinero a funcionarios para obtener información y protección frente a las fuerzas del orden, lo que, según los fiscales, le permitió sostener sus actividades vinculadas al narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo. La acusación sostiene que el uruguayo operó como líder del Primer Cártel Uruguayo (PCU) y que utilizó un esquema de “plata o plomo” para presionar a gobiernos de la región.
El caso, que ya lo tiene acusado de conspiración para traficar cocaína, lavado de dinero y narcoterrorismo, también lo vincula con acciones violentas contra opositores o personas que colaboraban con las autoridades, según la información difundida por el portal uruguayo. En el escrito judicial se afirma que los funcionarios que se cruzaban con Marset “o bien aceptaban su dinero, o bien sufrían las consecuencias de su ira”.
La Fiscalía estadounidense remarcó además que el gobierno presentará pruebas sobre sobornos en los cuatro países mencionados. “En particular, el gobierno presentará pruebas relacionadas con sobornos en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela; es decir, que el acusado pagó a funcionarios gubernamentales para obtener información y protección frente a las fuerzas del orden”, señala el documento citado por Búsqueda. Añade que esos pagos le habrían permitido seguir con sus actividades de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo “sin interferencia de las autoridades”.
En el caso de Bolivia, la acusación sostiene que Marset mantenía un sistema de sobornos periódicos a un alto funcionario, quien luego repartía el dinero entre otros integrantes del Gobierno, según informó El Observador. A cambio, la organización recibía protección para mover drogas, acceso a información sobre investigaciones policiales y alertas sobre posibles operativos para detenerlo. Los fiscales incluso afirman que, cuando las autoridades bolivianas incautaban cargamentos de cocaína, funcionarios corruptos los devolvían a la organización a cambio de pagos adicionales.
El mismo reporte indica que Marset también habría accedido a información sobre reuniones de la DEA con funcionarios bolivianos. Además, los documentos revelan que el uruguayo admitió ante agentes de la Administración de Control de Drogas haber ordenado amenazas contra la fiscal uruguaya Mónica Ferrero, a quien consideraba “incorruptible”, y haber organizado un atentado con explosivos contra la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas en 2020, siempre según la información difundida por El Observador.
