El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, presentó este viernes, mediante un video, el informe correspondiente a su primer año de gestión, en el que aseguró que la nueva administración encontró un país “arrasado y capturado por las mafias”. En su exposición, también afirmó que el proyecto de ley del litio registra un avance del 90%.
Durante su intervención, Blanco puso el foco en las medidas adoptadas por el Gobierno, entre ellas la eliminación parcial de la subvención a los hidrocarburos y las investigaciones iniciadas en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), instituciones en las que, según dijo, se detectaron “negligencias graves”.
“Lo que encontramos al abrir las puertas del sector energético fue un verdadero desastre estructural. Cuando analizamos la situación del país en noviembre del 2025, la conclusión fue demoledora. Encontramos una patria arrasada y capturada por las mafias”, afirmó.
El ministro sostuvo además que “durante más de 20 años el sector energético, que debió ser el corazón latiente con fuerza para impulsar el desarrollo de los bolivianos, fue utilizado como un botín de privilegios, opacidad y favores políticos”.
En su repaso sobre la situación del sector, Blanco señaló que la producción nacional de gas natural, que en sus mejores épocas llegó a 59 millones de metros cúbicos, “se encontraba en una caída libre, dramática”. A su juicio, el modelo exploratorio se agotó porque se priorizó “la narrativa institucional por encima de la inversión efectiva en el subsuelo boliviano”, mientras se consolidaba “un sistema de subvenciones e importaciones insostenible” que presionaba las finanzas públicas.
El ministro recordó que el plan de subvención de combustibles data de 1997, se consolidó en 2005 y fue modificado por la actual gestión, que eliminó el subsidio al diésel y lo redujo parcialmente en la gasolina. Sin embargo, el apoyo estatal se mantiene para el gas natural y el GLP. Blanco definió esa medida como un “sinceramiento de la economía de los hidrocarburos”.
También afirmó que durante más de una década y media se sostuvo “una ilusión de estabilidad ficticia” basada en la compra de carburantes del exterior a precios elevados, en un contexto de escasez de divisas que, según dijo, amenazaba la seguridad energética nacional.
En ese marco, se refirió a las denuncias contra YPFB y la ANH, además de los “casos de despilfarro descarado”, entre los que mencionó la lujosa casa ejecutiva en Santa Cruz, donde, aseguró, se gastaron millones de bolivianos. “Descubrimos negligencias graves en la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con superestructuras que no cumplían su trabajo”, declaró.
Blanco también apuntó a denuncias en Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) y en la Empresa Nacional de Electricidad (Ende), en las que, de acuerdo con su versión, exfuncionarios habrían estado involucrados en la adjudicación directa de más de 1.000 millones de dólares en termoeléctricas, contratos directos para empresas y proyectos hidroeléctricos inconclusos.
A su juicio, el sector energético estaba “atrapado en la tranca de la burocracia, la corrupción y la irresponsabilidad fiscal”. “Esa era la patria que recibimos, un gigante energético de rodillas”, afirmó.
En otro tramo de su informe, el ministro destacó que su despacho impulsa la “modernización del sector” a través de cuatro leyes que considera clave: la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Fomento a las Energías Verdes, la Ley de Electricidad y Energías Renovables y la Ley de Litio.
Sobre esta última, reveló que el proyecto tiene “más del 90% de avance” y que fue “consensuado en seis territorios de Potosí y Oruro”, aunque no precisó cuáles. Señaló además que se espera un pronunciamiento de las regiones donde se encuentran las reservas.
Blanco informó también que envió al Legislativo la Ley de Fomento a Energías Verdes y el proyecto de Ley de Electricidad y Energías Renovables, que —según explicó— contempla un modelo de
