El Magisterio Urbano definirá este viernes si acepta asistir a la mesa de diálogo convocada con el Gobierno Nacional, en medio de un escenario de tensión que se mantiene abierto por la propuesta de descentralizar los institutos técnicos a las gobernaciones. Mientras tanto, el sector continúa en estado de emergencia y insiste en que cualquier intento de transferencia debe ser anulado de forma definitiva.
La decisión llega después de que el Gobierno anunciara la paralización de la iniciativa, medida que no disipó las críticas de distintos sectores. Este jueves, la Central Obrera Departamental (COD) exigió que la propuesta quede sin efecto, al tiempo que el Ejecutivo Departamental cuestionó la falta de socialización y de consenso tanto con el magisterio como con las autoridades locales.
La gobernadora de Tarija, María René Soruco, afirmó que nunca existió una convocatoria para construir de manera conjunta el anteproyecto de ley y que tampoco recibió respuesta a su pedido de información sobre el contenido de la propuesta. Según dijo, desde el inicio se enviaron notas al viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, y al Gobierno Nacional, solicitando que el proceso sea socializado con el sector y con las gobernaciones.
“Hemos enviado varias notas desde el día uno cuestionando al viceministro de Autonomías (Adrián Oliva) y al Gobierno Nacional para que estos procesos se puedan atender socializando con el sector y las gobernaciones. Nosotros nunca hemos sido invitados a una mesa para conocer el alcance. Entendemos la incertidumbre que se ha generado a nivel nacional”, señaló la autoridad.
Soruco remarcó además su disposición a participar en el diálogo, con el objetivo de que se definan con claridad las atribuciones de cada nivel del Estado y el financiamiento que implicaría la medida. En esa línea, sostuvo que las competencias ya están establecidas en la Constitución y en la Ley Avelino Siñani, por lo que el interés de las gobernaciones pasa por conocer con precisión la propuesta del Gobierno.
“Las competencias ya están dictadas en la Constitución y la Ley Avelino Siñani. Lo que queremos conocer es la propuesta que tiene el Gobierno”, afirmó.
En paralelo, el ministro de Educación, Erick Sanjinés, firmó este miércoles un acuerdo con el Magisterio Rural para suspender la descentralización hasta la elaboración de una nueva propuesta. Sin embargo, esa decisión no calmó al Magisterio Urbano, que mantiene su demanda de anular cualquier intento de transferir los institutos a las gobernaciones.
La postura también fue respaldada por el ejecutivo de la COD, Jaime Ortiz, quien se pronunció a favor de la posición asumida por el Magisterio Urbano a nivel nacional. El dirigente sostuvo que la redacción de la iniciativa no establecía con claridad cómo se asignaría el financiamiento y advirtió sobre las dificultades que podrían surgir si las gobernaciones debieran asumir nuevas responsabilidades sin contar con los recursos suficientes.
“Rechazamos completamente porque implica transferir una responsabilidad gubernamental a los departamentos. Ahora van a transferir algunos recursos, pero cuando tengan que ampliar para contratar a más maestros hay que ver de dónde van a sacar las gobernaciones”, manifestó.
En medio de este panorama, el Defensor del Pueblo convocó al Magisterio y al Gobierno a una mesa de diálogo. El sector del magisterio urbano resolverá este viernes si asiste o no a esa convocatoria, mientras la COD informó que la Central Obrera Boliviana evalúa la realización de un ampliado nacional, no solo por el tema educativo, sino también por las protestas del sector salud, que reclama su bono de vacunación. Según Ortiz, aguardan hasta el lunes.
