El jueves, representantes de Comités Cívicos de diversas regiones de Bolivia se congregaron en Santa Cruz para discutir una serie de preocupaciones que afectan al país y emitieron un pronunciamiento conjunto que aborda estos temas.
Este movimiento cívico nacional, que cuenta con la firma de los presidentes de los Comités Cívicos de Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando, Potosí y Tarija, presentó un documento que consta de siete puntos y que expresa su desacuerdo con los resultados del censo de población y vivienda, dado a conocer recientemente. Los comités cuestionan la veracidad de los datos sobre el crecimiento poblacional en diferentes regiones, argumentando que no reflejan la realidad.
En su declaración, los comités expresan su rechazo a los resultados del censo realizado el 23 de marzo de 2024, y denuncian que se ha ocultado información sobre cientos de miles de habitantes. Este hecho, según ellos, impide que el pueblo boliviano acceda de manera justa y equitativa a los recursos fiscales necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida.
Además, los comités exigen a la Asamblea Legislativa Plurinacional la anulación de leyes que consideran perjudiciales, así como la derogación de Decretos Supremos que forman parte de estas normativas. También solicitan que se declare un desastre nacional para facilitar la llegada de ayuda internacional.
El documento aboga por la creación de un Pacto Fiscal que reforme la actual estructura de distribución de recursos públicos, que según argumentan, está centralizada y perjudica a los departamentos, municipios y universidades. En otro punto, expresan su apoyo a los ciudadanos de Cochabamba, quienes enfrentan dificultades debido a bloqueos en el acceso al relleno sanitario de K´ara K´ara, y llaman a un diálogo que prevenga daños al medio ambiente y a la salud pública.
Asimismo, los comités reiteran la urgencia de tratar y aprobar un proyecto de Ley de Litio y de recursos evaporíticos, demandando que este proceso se realice antes de la firma de un contrato con la empresa Uranium One Group, el cual es rechazado por no haber sido socializado adecuadamente con las regiones productoras y la población en general.
Por último, enfatizan la necesidad de una nueva Ley de Hidrocarburos que se ajuste a las condiciones actuales de Bolivia y garantice la inversión y seguridad jurídica. También instan al presidente del Estado a cumplir con la Constitución Política del Estado y atender las necesidades del pueblo, al tiempo que piden a la oposición que presente propuestas concretas para transformar el modelo económico y la gestión del Estado
