Este martes se llevará a cabo una audiencia crucial en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, donde se discutirá la Acción Popular presentada por el Defensor del Pueblo, en respuesta a los devastadores incendios forestales que han afectado a Bolivia. Esta acción busca la derogación de las leyes que, según los críticos, han promovido la expansión de estos siniestros. Desde Tarija, varios activistas ambientales y el Comité Cívico Juvenil han expresado su apoyo a esta iniciativa, que se considera la única medida judicial en curso para enfrentar las consecuencias de los incendios.
Las expectativas son elevadas, ya que se espera que esta audiencia establezca un precedente significativo en la defensa del medio ambiente. Carmen Valencia, asambleísta departamental de Tarija, ha manifestado su inquietud ante la percepción errónea de la población sobre la situación de los incendios, que muchos creen controlados tras las recientes lluvias. Sin embargo, Valencia enfatiza que los bomberos aún solicitan asistencia para combatir nuevos focos de fuego.
La Acción Popular, impulsada por el Defensor del Pueblo, Pedro Calisaya, tiene como uno de sus objetivos fundamentales la eliminación de las denominadas leyes incendiarias. Activistas y expertos sostienen que estas regulaciones han contribuido a la intensificación de los incendios en el país. Valencia subraya que el impacto de los incendios va más allá de la devastación del ecosistema, afectando directamente la vida de las comunidades, con consecuencias como la escasez de agua y la muerte de fauna silvestre.
Ludmila Pizarro, representante de la Plataforma Ambiental, ha señalado que existen al menos diez leyes en el ámbito nacional que han llevado a la situación crítica actual. Pizarro sostiene que todos los departamentos del país enfrentan problemas ambientales, y cada año la situación se agrava, lo que hace que la Acción Popular sea vista como una esperanza para establecer precedentes que protejan los ecosistemas.
Además, Pizarro criticó la pausa ambiental decretada por el Gobierno, argumentando que no ha logrado detener la deforestación en el Chaco tarijeño, un problema exacerbado por la industria del carbón. Aseguró que, mientras la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) continúe otorgando permisos para el desmonte, los incendios seguirán siendo una amenaza constante.
Las autoridades y activistas esperan que la justicia tome decisiones favorables para el medio ambiente y los seres vivos afectados por los incendios. Existe la esperanza de que esta Acción Popular impulse un cambio en las leyes que actualmente facilitan la deforestación y la quema de bosques.
Esteban Ortuño, director de Gestión Autonómica de Desarrollo Competencial del Municipio de Tarija, ha hecho hincapié en que la Constitución Política del Estado establece que la traición a la patria puede ser invocada cuando se infringe el régimen de recursos naturales del Estado. Ortuño sostiene que la legislación incendiaria va en contra de la obligación del gobierno de proteger la riqueza natural del país. Desde su perspectiva, las autoridades que han promovido estas leyes podrían ser denunciadas por delitos que incluyen biocidio y ecocidio.
Ortuño también ha señalado que los incendios, que han proliferado desde 2019, han sido impulsados por el deseo de ampliar la frontera agrícola, lo que ha resultado en la eliminación de las protecciones legales que resguardaban los bosques y selvas de Bolivia. En este contexto, advirtió que las autoridades responsables de estas legislaciones podrían enfrentar procesos legales, tanto en el ámbito de la fiscalía como ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, en caso de que se considere que han incurrido en traición a la patria
