En el municipio de Tarija, se ha desatado un debate sobre la responsabilidad en la mitigación de la contaminación en las lagunas de oxidación de San Luis. La alcaldía y la gobernación han discrepado sobre quién debe asumir esta tarea, mientras que las aguas residuales continúan fluyendo sin ningún tipo de tratamiento.
El alcalde Jhonny Torres Terzo ha señalado que, según la auditoría de la Contraloría, la responsabilidad de mitigar los olores recae en la gobernación de Tarija, de acuerdo con la cesión de competencias que se realizó en el pasado. Torres también destacó que el gobierno nacional y municipal son responsables de la planta de tratamiento de aguas residuales, y que el municipio ha cumplido con todos los requisitos necesarios, incluyendo la provisión del terreno.
A pesar de esto, la gobernación ha estado operando en San Luis con maquinaria y ha solicitado apoyo a la municipalidad, que ha respondido positivamente. Sin embargo, el alcalde enfatizó que la mitigación de olores es una responsabilidad claramente definida por la transferencia de competencias, que se llevó a cabo durante la gestión del exalcalde Oscar Montes y el exgobernador Lino Condori. Esta cuestión ha llegado incluso a los tribunales debido a una licitación que estaba en proceso, y actualmente hay un contrato cuya resolución está bajo revisión judicial.
Efraín Rivera, secretario de medio ambiente de la gobernación, ha aclarado que existe una confusión en torno a las competencias. Según la legislación vigente, los servicios básicos son responsabilidad de las alcaldías. Rivera argumentó que sería inviable que la gobernación se encargara de los servicios básicos en once municipios, ya que cada uno debe gestionar sus propias competencias, que incluyen el suministro de agua potable y la gestión de servicios esenciales.
La función de la gobernación, según Rivera, es garantizar que las alcaldías cumplan con sus obligaciones y no generen contaminación. En este sentido, la gobernación ha iniciado procedimientos relacionados con el medio ambiente y ha enviado comunicaciones a la alcaldía y a Cosaalt, la cooperativa encargada de los servicios de agua, exigiendo un servicio eficiente y libre de contaminación.
Al ser consultado sobre la supuesta transferencia de competencias realizada durante la gestión de Lino Condori, Rivera desmintió que se hubiera formalizado tal transferencia, aunque reconoció que había existido una voluntad de colaboración para mejorar la labor de Cosaalt. Del mismo modo, mencionó que el gobierno también colabora en la perforación de pozos y en la expansión del sistema de agua, pero subrayó que la responsabilidad última recae en el municipio.
En cuanto a la situación de Cosaalt, que ha alegado no poder actuar debido a que el proyecto de mitigación de olores estaba a cargo de la gobernación y no avanzó, Rivera indicó que la cooperativa solicitó autorización judicial para intervenir en la laguna número dos, y el juez concedió el permiso, reafirmando que la responsabilidad de la cooperativa es proporcionar este servicio
