Las autoridades de los tres niveles de gobierno han sido objeto de críticas por su inacción ante las denuncias sobre la tala ilegal de árboles y la extracción de madera en San Agustín Sud, según lo manifestado por Rolando Romero, representante de la Central de Cercado.
En su declaración, Romero subrayó que, a pesar de las denuncias realizadas hace tiempo y de las promesas de acción por parte de algunos concejales, la situación ha ido en deterioro sin que se tomen medidas efectivas. La región, ubicada a 55 kilómetros de distancia, cuenta con una rica vegetación que se ha visto amenazada por la deforestación, mientras que la falta de atención por parte de las instituciones gubernamentales, incluyendo la gobernación y la alcaldía, ha sido evidente.
“Nadie está haciendo nada sobre este tema”, enfatizó Romero, quien recordó que se han firmado acuerdos y convenios que, aunque parecen prometedores en papel, no han dado resultados tangibles. A pesar de las reuniones y los compromisos asumidos, la situación se mantiene sin cambios significativos.
El Concejo Municipal de Cercado, representado por la concejal Marcela Guerrero y el presidente Fernando Castellanos, realizó una visita a la zona afectada, donde se evidenció la problemática relacionada con la deforestación. Romero mencionó que se encontraron más de 400 arbustos caídos, pero lamentó que, tras el recorrido, no se han implementado acciones concretas.
Se llevó a cabo una audiencia pública en el concejo municipal, donde se prometió la creación de guardabosques y guardaparques, pero a casi un año de esos compromisos, no se ha materializado ninguna iniciativa.
Al ser cuestionado sobre los responsables de la tala, Romero insinuó que podría haber complicidad entre algunos funcionarios de las instituciones, mencionando la existencia de motosierristas y transportistas involucrados en esta actividad ilegal.
Además, Romero abordó el problema del abigeato, señalando que se han robado burros de la zona, utilizados para el transporte de madera, dado que las vías no llegan hasta las áreas más remotas. Resaltó que los comunarios se encuentran limitados en su capacidad de actuar debido a la ley, que solo les permite denunciar, mientras que la ABT les ha indicado que no pueden realizar decomisos
