Los colegios de abogados de Chuquisaca y Tarija han manifestado su rechazo ante la reciente destitución de tres fiscales que llevaban a cabo una investigación sobre el dirigente cocalero Evo Morales, relacionado con delitos de trata y tráfico de personas.
En un comunicado oficial, el Ilustre Colegio de Abogados de Tarija expresó su firme condena a las acciones del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, quien destituyó de manera irregular a la Fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez. Esta medida se produjo tras la emisión de una orden de aprehensión contra Morales, en el marco de una indagación sobre un presunto abuso sexual hacia una menor de 15 años, con quien se alega que el exmandatario tiene una hija.
El Colegio de Abogados de Tarija calificó la destitución como un ataque a los derechos de la ciudadanía y a la credibilidad de las instituciones encargadas de la justicia. Por su parte, el Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH) criticó que este tipo de acciones obstaculicen la protección de los derechos de los menores.
El fiscal general, Lanchipa, ha rechazado las acusaciones de haber interrumpido la investigación contra Morales. En un comunicado, el ICACH expresó su desaprobación hacia la destitución de los fiscales responsables de este caso, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos de todos los bolivianos, especialmente de los más vulnerables.
A través del instructivo 392/2024, Lanchipa dispuso que la investigación pasara a manos de la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género y Juvenil, Alejandra Sally Rocha, y del fiscal Ricardo Diego Caballero. También se ordenó a Gutiérrez que cancelara la comisión que había designado para el caso.
La orden de aprehensión contra Morales fue emitida por un grupo de fiscales tras evaluar las pruebas y los informes de inteligencia disponibles. Este equipo estaba compuesto por la directora de la Unidad de Trata y Tráfico, Pamela Obando, junto con los fiscales Guerrero y Soruco. Sin embargo, antes de que se pudiera proceder con la notificación, se presentó una “acción de libertad” en Santa Cruz que afectó a Guerrero y Soruco, pero no a Obando, resultando en la anulación de la resolución de aprehensión contra Morales
