Hernán Moreira, presidente de la Organización de Participación y Control Social de Yacuiba, ha compartido que las investigaciones iniciadas por la Fiscalía sobre las denuncias contra funcionarios de Servicios Eléctricos de Tarija (SETAR) están progresando. Según Moreira, el Ministerio Público ha solicitado una extensión de aproximadamente 30 días para continuar con el análisis de la extensa documentación relacionada con el caso.
Una de las principales preocupaciones que ha expresado Moreira es la posible interferencia en el proceso investigativo desde la ciudad de Tarija. En este sentido, ha señalado al gobernador de Tarija, Óscar Montes, y al gerente general de SETAR como figuras clave en este aparente intento de obstaculizar las pesquisas.
Moreira también recordó que, en ocasiones anteriores, se había solicitado formalmente al gerente de SETAR, Marco López, la suspensión temporal de los funcionarios implicados en las denuncias. Este pedido se realizó con la intención de demostrar un compromiso por parte de la administración de la empresa hacia la transparencia ante la comunidad, especialmente tras la presentación de cuatro denuncias ante la Fiscalía.
El dirigente mencionó que, aunque se han realizado cambios en la gerencia de SETAR en Yacuiba, Villa Montes y Bermejo, no se ha tomado la medida de suspender a los funcionarios acusados. En cambio, estos han sido reubicados en diferentes cargos, lo que Moreira considera un intento de dificultar las investigaciones y, potencialmente, intimidar a quienes han denunciado irregularidades.
Además, hizo hincapié en que se había solicitado nuevamente al gerente de SETAR que presentara una querella contra los funcionarios denunciados, una acción que no se ha llevado a cabo. De acuerdo con la normativa vigente, era necesario que se interpusiera esta querella como parte del proceso, y ante la falta de respuesta, Moreira ha anunciado su intención de presentar una denuncia contra el gerente general de SETAR por su inacción.
Asimismo, se planea solicitar al gobernador de Tarija que presente una querella similar. En caso de que no se cumpla con esta solicitud, Moreira ha indicado que también se tomarán acciones legales contra el gobernador. Según su perspectiva, estas acciones podrían constituir un presunto delito de asociación delictuosa, ya que se estaría intentando proteger a los funcionarios de SETAR denunciados.
Moreira ha instado tanto al gobernador como al gerente de SETAR a que no interfieran con las investigaciones en curso. Por otro lado, ha manifestado su preocupación por la posible emisión de memorandos a funcionarios que han presentado informes sobre deficiencias en la empresa y que han sido convocados a declarar ante la Fiscalía. Según él, estos memorandos podrían llevar a la destitución o reubicación de dichos funcionarios, lo que consideraría un acto de intimidación.
El dirigente espera que no se lleven a cabo estas acciones y ha advertido que, de ser así, se procederá con las denuncias correspondientes. Moreira enfatiza que, en lugar de intentar desplazar a quienes han denunciado irregularidades, se debería garantizar la protección de estos funcionarios que se atrevan a señalar actos de corrupción
