Gonzalo Sánchez de Lozada, ex presidente de Bolivia, ha sido condenado a una pena de seis años y tres meses de prisión en el marco del caso conocido como Petrocontratos, que se encontraba en su fase final de juicio de responsabilidades. Esta decisión fue anunciada por el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, quien también informó que tres exministros de Hidrocarburos que colaboraron con Lozada, Jorge Joaquín Beridoague, Carlos Alberto Contreras del Solar y Carlos Alberto López, han recibido una condena de cinco años de cárcel por los mismos delitos: incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Los condenados deberán cumplir sus penas en la prisión de San Pedro, ubicada en La Paz. El magistrado Olvis Egüez, presidente del Tribunal de Juicio, aclaró que el tiempo de condena comenzará a contarse una vez que se ejecuten los mandamientos de condena correspondientes. Además, se impuso una inhabilitación especial, que les impedirá ocupar cargos públicos o recibir comisiones durante un periodo de cinco años.
Desde su renuncia a la presidencia el 17 de octubre de 2003, en medio de un contexto de agitación social que resultó en más de 60 muertes, Sánchez de Lozada ha residido en Estados Unidos. En este caso, las partes demandantes incluyeron a la Fiscalía General del Estado, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Ministerio de Hidrocarburos, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Justicia.
El juicio de responsabilidades se reanudó el 2 de diciembre, después de dos meses de suspensión, y fue precedido por una extensa argumentación legal. La sentencia fue leída por el magistrado Olvis Egüez a las 23:23 horas. La votación para la condena contó con el apoyo de varios magistrados, aunque también hubo disidencias.
El magistrado Egüez mencionó que, de acuerdo con el artículo 266 del Código de Procedimiento Penal, se impondrán costas a los condenados, quienes serán responsables de los daños y perjuicios derivados de sus acciones.
Es relevante señalar que el ex presidente Jorge Tuto Quiroga fue excluido del proceso judicial debido a la amnistía que le fue concedida por Evo Morales en 2018. La investigación se inició en 2005 y se centra en la acusación de que los condenados no remitieron al Congreso Nacional 106 contratos de Riesgo Compartido, contraviniendo así lo estipulado en la Constitución Política del Estado vigente en ese momento.
La Fiscalía argumenta que los contratos firmados con empresas transnacionales para la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos no contaron con la aprobación congresal necesaria, lo que beneficiaba a los intereses de las petroleras en detrimento del Estado
