La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados ha dado inicio a su primera sesión para abordar el proyecto de Ley de Distribución de Escaños, una iniciativa presentada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los vocales Gustavo Ávila y Tahuichi Quispe han establecido el 15 de enero como fecha límite para la aprobación de esta normativa, mientras que los legisladores se encontraban inmersos en sus propios debates.
Los representantes del TSE enfatizaron la urgencia de esta ley, señalando que los técnicos necesitan un periodo de 90 días para elaborar el mapa político que regirá en las elecciones de 2025. De no contar con la legislación antes de la fecha límite, se aplicarán los resultados del censo de 2012, conforme a lo estipulado por la normativa vigente.
El proyecto de ley, que consta de un solo artículo, establece una nueva distribución de los escaños en la cámara. Sin embargo, los vocales se vieron obligados a detallar las fórmulas utilizadas para justificar la repartición de los escaños en cuestión.
Aunque el debate estaba destinado a ser de carácter técnico, se desvió rápidamente hacia una discusión más personal entre los diputados Miriam Martínez (MAS-ala arcista) y Erwin Bazán (Creemos). La conversación se tornó acalorada, abordando temas como la natalidad y la población en diferentes regiones del país.
Martínez, en un tono confrontativo, cuestionó a Bazán sobre su contribución a la población, haciendo referencia a la cantidad de hijos menores de 12 años que cada uno había tenido. A pesar de que su intervención se alejaba del tema central, Bazán escuchó con atención, mientras la presidenta de la comisión, Olivia Guachalla (MAS-ala arcista), intentaba restablecer el enfoque del debate.
Bazán, al ser mencionado, expresó su descontento y lamentó la presencia de los vocales, antes de ser interrumpido por otros miembros de la comisión, quienes le recordaron que sus comentarios podrían tener repercusiones en las próximas elecciones de 2025.
La Comisión de Constitución está compuesta por diez diputados, incluyendo a su presidenta. De ellos, tres representan a Chuquisaca y uno a Santa Cruz. Existen diputados adscritos que tienen derecho a participar en las discusiones, pero su voto no cuenta en las decisiones finales
