En el marco de la celebración del centenario de la Ley de Imprenta en Bolivia, el senador Rodrigo Paz Pereira, representante de Comunidad Ciudadana, ha manifestado su intención de presentar una propuesta legislativa destinada a asegurar una distribución justa de la publicidad estatal entre todos los medios de comunicación del país. Esta iniciativa busca que la asignación de recursos no dependa de las inclinaciones editoriales de los medios, ya sean favorables o contrarias al gobierno actual.
Paz Pereira, quien también lidera la organización Primero la Gente, argumenta que esta medida contribuirá a erradicar la extorsión política que ha prevalecido durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) y a fomentar una mayor diversidad informativa en beneficio de la ciudadanía. En los últimos años, numerosos periodistas y medios han denunciado una situación de asfixia económica, derivada de la desigual distribución de la publicidad gubernamental.
Por otro lado, el 19 de enero marca el aniversario de la Ley de Imprenta, un marco legal que ha protegido el secreto de las fuentes y ha impedido la persecución judicial de los periodistas. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), que agrupa a los principales diarios del país, ha resaltado la importancia de esta ley en contraposición a las normativas impuestas por gobiernos de izquierda en los últimos 17 años, las cuales, bajo el pretexto de combatir la discriminación, han introducido sanciones que amenazan la libertad de expresión.
Jorge Carrasco, presidente de la ANP, ha calificado la Ley de Imprenta de visionaria, subrayando que garantiza el derecho de cada individuo a expresar sus pensamientos a través de los medios sin censura previa. Según Carrasco, esta legislación es fundamental para el ejercicio del periodismo independiente en Bolivia.
Asimismo, el expresidente y periodista Carlos Mesa ha enfatizado la relevancia de la Ley de Imprenta en la protección de los derechos humanos y los principios democráticos, señalando que su vigencia es crucial en un contexto donde las garantías a la libertad de prensa y los derechos ciudadanos se han visto gravemente debilitadas
