A partir de este jueves, la nueva tarifa del transporte público en Santa Cruz de la Sierra ha sido establecida en 2,30 bolivianos. Sin embargo, se han reportado irregularidades, ya que algunos conductores están cobrando 2,50 bolivianos o, en ocasiones, entregando caramelos como compensación por el cambio de 0,20 bolivianos. Esta situación ha generado descontento entre los usuarios, quienes han expresado sus quejas a través de las redes sociales.
Bernardo Montenegro, portavoz del municipio, enfatizó que el decreto es claro en cuanto a la tarifa establecida y que esta debe ser respetada. Además, recordó que el mismo documento menciona la implementación de un sistema de cobro magnético o electrónico en un plazo de 60 días, lo cual es una obligación que debe cumplirse.
Montenegro también aseguró que los transportistas se comprometieron a coordinar con entidades bancarias para conseguir monedas que permitan realizar el cambio adecuado. En caso de que estas irregularidades continúen, instó a la ciudadanía a realizar denuncias a través del número habilitado.
Desde el sector del transporte, Segundo Ricaldi, representante de los micreros, reconoció que han enfrentado dificultades con el cambio el primer día, pero confía en que la situación mejorará con el tiempo, ya que tanto los usuarios como los conductores se adaptarán a la nueva tarifa.
Ricaldi anunció que la próxima semana comenzarán las gestiones para implementar el nuevo sistema de cobro, aunque expresó su preocupación por el corto plazo de 60 días para llevar a cabo esta transición, sugiriendo que se solicite una extensión.
En el ámbito político, el concejal Rolando Pacheco ha presentado una denuncia penal contra el alcalde Jhonny Fernández, acusándolo de cometer delitos relacionados con resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes al autorizar el incremento de la tarifa a 2,30 bolivianos. Pacheco argumenta que la tarifa oficial sigue siendo de 2,00 bolivianos y que el decreto infringe normativas existentes.
Silvana Mucarzel, presidenta del Concejo, también criticó la decisión del alcalde, señalando que el decreto N°63/2025 contiene ilegalidades que afectan el marco jurídico municipal. Mucarzel acusó a Fernández de usurpación de funciones al actuar más allá de sus atribuciones.
Por su parte, Montenegro lamentó la postura del Concejo y su falta de acción en este asunto, recordando que el problema que enfrenta la ciudadanía es responsabilidad de la misma institución. Afirmó que el decreto está legalmente respaldado y que la fijación de tarifas corresponde al Ejecutivo, tal como lo establece la Ley de Movilidad Urbana
