Desde el año pasado, diversas organizaciones en Yacuiba han levantado la voz para denunciar supuestas irregularidades en la gestión de los Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) en su sede regional. Estas agrupaciones sostienen que los costos operativos están inflados y creen que es factible reducir las tarifas del servicio eléctrico.
La información recopilada ha sido presentada ante el Ministerio Público, formalizando denuncias contra varios funcionarios de la empresa. Asimismo, se ha hecho entrega de la documentación a la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), a la espera de una respuesta por parte de esta entidad nacional.
Hernán Moreira, presidente de la Organización de Participación y Control Social de Yacuiba, comunicó que el 31 de enero mantuvieron una reunión con autoridades nacionales para abordar esta problemática, en la que se comprometieron a llevar a cabo diversas acciones.
Las organizaciones han establecido un plazo hasta el 10 de febrero para que las autoridades tomen medidas y se proceda con la intervención de Setar en Yacuiba; de lo contrario, amenazan con implementar acciones de presión.
Moreira explicó que el objetivo de la intervención es facilitar la creación de una empresa regional de electricidad. Enfatizó que si no se atiende esta solicitud antes del lunes, comenzarán con las acciones de presión de manera indefinida.
Durante la reunión, se expusieron múltiples irregularidades, incluyendo presuntas omisiones por parte de la autoridad regional de la AETN en relación a ciertos problemas en la presa. Las organizaciones han exigido que el ministro de Hidrocarburos visite Yacuiba antes del 10 de febrero para abordar la situación y llevar a cabo la intervención de Setar.
Además, se solicita la transferencia de los activos de la empresa al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, lo cual es un paso fundamental para la formación de la nueva entidad regional.
En la reunión también participó la llamada comisión de empresas, que incluye representantes de Yacuiba y Caraparí, encargada de facilitar el proceso de transición hacia la creación de las empresas regionales. Esta comisión indicó que solo falta la firma de las autoridades departamentales para formalizar la conciliación necesaria para llevar a cabo la transferencia de activos.
Por otro lado, el dirigente aclaró que, conforme a la normativa vigente, las intervenciones deben tener una duración máxima de un mes, tras el cual se debe entregar la gestión a la nueva entidad responsable de la distribución de electricidad
