El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, inauguró la Primera Sesión Ordinaria del Consejo del Ministerio Público en Sucre, un encuentro que se enmarca en la iniciativa Gestión 2025 – Rumbo al Bicentenario. Este evento tiene como propósito fundamental asegurar la implementación efectiva de las estrategias que fortalecerán el Ministerio Público, promoviendo una persecución penal que sea tanto eficiente como transparente y que fomente la colaboración con la sociedad.
Durante su intervención, Mariaca destacó la importancia de esta sesión, señalando que su principal objetivo es evaluar las acciones llevadas a cabo por los Fiscales Departamentales, Directores Nacionales y Jefes de Unidad en los primeros cuatro meses de su gestión. El Fiscal General enfatizó la necesidad de identificar los desafíos y las acciones requeridas para mejorar la calidad del servicio fiscal, al tiempo que presentó las directrices que guiarán la evolución del Ministerio Público en el futuro. Nuestro compromiso es alcanzar los objetivos establecidos en beneficio de la población boliviana y, en particular, de quienes utilizan el Sistema Penal, afirmó.
En su discurso, también abordó los grandes retos que enfrenta la institución, subrayando la urgencia de brindar respuestas rápidas que respondan a las expectativas de cambios estructurales que la sociedad demanda en el ámbito de la justicia. Mariaca instó a los presentes a ser parte de la construcción de una nueva institucionalidad, apoyada en las líneas estratégicas presentadas, las cuales buscan articularse con la planificación de otras entidades del sector justicia. Esto requerirá una colaboración entre aquellos que tenemos un interés genuino en lograr una justicia más efectiva en nuestro país, agregó.
Este primer encuentro tiene como finalidad establecer medidas que consoliden a la Fiscalía General del Estado como una institución ejemplar, con políticas que aborden de manera estratégica el delito y a sus perpetradores. Mariaca subrayó la importancia de implementar procesos de evaluación que permitan detectar áreas de mejora y adoptar medidas correctivas de inmediato. En los primeros meses de su gestión, se ha promovido un cambio positivo en actitudes y prácticas procesales, con un enfoque en los sectores más vulnerables, garantizando que las investigaciones fiscales sean oportunas, de alta calidad y respeten las garantías constitucionales de las personas involucradas en el proceso penal
