El litigio que involucra a un grupo de exconcejales del municipio de Yacuiba ha sido trasladado a la ciudad de Tarija y actualmente se encuentra en la fase de apelación. En este momento, se aguarda la decisión del juez encargado sobre la viabilidad del pago reclamado, que asciende a un total de 3.525.837 bolivianos por el concepto conocido como Bono frontera.
Un total de 20 exautoridades municipales están reclamando esta suma, a pesar de que el Gobierno Municipal de Yacuiba ha manifestado su desacuerdo con el desembolso, especialmente ante la complicada situación financiera que enfrenta. El concejal Franz Sandoval ha indicado que los exconcejales han solicitado montos individuales que varían desde 64.000 hasta más de 300.000 bolivianos.
Entre los demandantes se encuentran figuras como Ana María Soria Peña, quien reclama 192.689 bolivianos; Erlinda Urzaste Ortiz, con una solicitud de 68.989 bolivianos por subsidios de frontera y vacaciones; y otros exconcejales como Andrés Aguirre, Freddy Nuñez, Ramiro Coya y Richard Coca, cuyas demandas también superan los 180.000 bolivianos. La lista de reclamantes incluye a Patricia Calizaya, Maribel Molina, Adriana Flores y Sandra Orellana, exalcaldesa, entre otros, cada uno con montos específicos que suman la cifra total mencionada.
Sandoval ha señalado que ya hay un exconcejal, Jorge Luis Barrenechea, que ha recibido este bono, lo que ha generado críticas hacia su colega Jackeline Rocabado, quien sigue en funciones y también ha reclamado el pago. El concejal enfatizó que el proceso ha sido marcado por un error procesal y que, aunque los derechos no son renunciables, la falta de cobro en su momento podría causar un perjuicio económico al Estado y a la población.
Además, Sandoval aclaró que los actuales miembros del concejo no han solicitado este bono, pero si el juez determina que el pago es procedente, podría implicar que también ellos tengan derecho a beneficiarse de esta medida. La situación continúa en desarrollo mientras se espera la resolución del juez sobre el caso
