La Fiscalía de Tarija ha procedido a formalizar la imputación contra Rodrigo Paz Pereira, quien se desempeñó como alcalde de Cercado, así como contra seis exconcejales, en el marco de una investigación relacionada con presuntas irregularidades en la construcción del Puente 4 de Julio. Esta acción judicial se acompaña de la medida preventiva de congelar los bienes de los implicados mientras avanza el proceso legal.
Rodrigo Paz enfrenta serias acusaciones que incluyen delitos como contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. Según la Fiscalía, estos cargos están vinculados a supuestas irregularidades en la adjudicación y ejecución de un proyecto que requirió una inversión de 73,2 millones de bolivianos.
Los exconcejales implicados en el caso son Alfonso Paul Lema Grosz, Cira Flores Villarroel, Esther García Andrade de Mondocorre, Valmore Eduardo Donosso Zambrana y Alan Echar Sosa, quienes también enfrentan imputaciones por incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. Se les acusa de haber aprobado los contratos del proyecto sin llevar a cabo un control y fiscalización adecuados de los recursos públicos.
Erwin Mancilla, concejal de Cercado y denunciante del caso, manifestó su satisfacción por el progreso del proceso judicial y expresó su esperanza de que la imputación y la congelación de bienes conduzcan a una sentencia que determine las responsabilidades pertinentes. Mancilla enfatizó la necesidad de no permitir que obras significativas en Tarija se realicen con tantas observaciones y presuntas irregularidades.
Por su parte, Rodrigo Paz Pereira rechazó las acusaciones y sugirió que la investigación tiene motivaciones políticas. Defendió la finalización del Puente 4 de Julio como un hito en la historia de Tarija, subrayando que se trata de la obra más relevante en un siglo, y argumentó que hay intentos de desacreditar un proyecto que ya beneficia a la población.
El exconcejal Alfonso Paul Lema Grosz, actual Director Ejecutivo de la Asociación de Municipios de Bolivia, indicó que han presentado sus descargos ante la justicia y se comprometen a continuar el proceso de esclarecimiento. Aseguró que ha proporcionado toda la documentación necesaria para demostrar que sus acciones se realizaron dentro del marco legal.
La construcción del Puente 4 de Julio comenzó el 10 de julio de 2018, bajo la administración de Paz Pereira, y fue adjudicada a la empresa Construcciones Viales S.A. (Convisa) con un presupuesto de 73,2 millones de bolivianos, con el objetivo de mejorar la conectividad vial en la ciudad.
Sin embargo, el 15 de agosto de 2022, la Alcaldía de Cercado decidió rescindir el contrato con Convisa, citando incumplimientos en la ejecución de la obra. Tras dos años de incertidumbre y modificaciones, el puente fue finalmente terminado, aunque no sin numerosas críticas.
Entre las principales objeciones se encuentra la ubicación del puente, ya que diversos sectores han señalado que la infraestructura no soluciona los problemas de tráfico en la ciudad. Además, el elevado costo ha sido objeto de controversia, considerándose excesivo en comparación con proyectos similares. También se han señalado deficiencias en la planificación de los accesos, lo que ha generado congestión vehicular en lugar de facilitar la circulación
