El delegado del Movimiento Al Socialismo (MAS) ante el Tribunal Electoral Departamental de Tarija, David Galdo, anunció que se tomarán medidas en respuesta a las recientes renuncias de algunas autoridades a la militancia del partido. Galdo explicó que se iniciarán acciones relacionadas con el transfugio político para recuperar los curules que podrían estar en riesgo.
El dirigente afirmó que se buscará información del Tribunal Electoral y se solicitará la formación de una comisión jurídica que se encargue de aplicar las sanciones pertinentes a los ex militantes y ex autoridades que han decidido abandonar el partido. Según Galdo, la firma de un acuerdo con otra organización política por parte de Evo Morales y otros miembros del MAS ya constituiría una violación a las normativas sobre transfugio político, lo que llevaría a la aplicación de los artículos 38 y 39 de la ley de partidos políticos.
Galdo hizo hincapié en que el partido se esforzará por recuperar los curules que corresponden al MAS, subrayando que aquellos que han anunciado su salida del partido están efectivamente renunciando a sus cargos.
En contraste, el asambleísta Eider Quiroga, quien se identifica con el ala evista del MAS, manifestó su decisión de no renunciar a su militancia, argumentando que fue elegido por el voto popular y que está comprometido a cumplir con el mandato que le fue otorgado.
Por su parte, el presidente del Tribunal Electoral Departamental, Marco Aguirre, explicó que la Ley de Organizaciones Políticas y los estatutos internos de las agrupaciones permiten llevar a cabo un proceso interno en casos de transfugio político. Este proceso es evaluado por una comisión de ética, que se encarga de emitir un fallo sobre la situación.
Aguirre también indicó que, si la decisión de la comisión de ética determina la existencia de transfugio, se podría proceder a la retirada del curul, aunque esta decisión puede ser apelada ante el Tribunal Supremo Electoral. El proceso completo puede ser extenso, con una duración mínima de seis meses, aunque hay casos anteriores que han tardado más de dos años sin resolución
